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Las diferentes decisiones que tocaron el campo de la comunicación en Venezuela en la denominada Revolución Bolivariana, lejos de constituir una política pública, tuvieron y siguen teniendo por finalidad la dominación

Cuando Nicolás Maduro llegó al poder, inicialmente de forma provisoria a fines de 2012 cuando Hugo Chávez estaba aún con vida, y luego en 2013 tomando ya las riendas de la presidencia de forma clara, se encontró con una herencia. La política comunicacional del chavismo, que ya en 2007 se había definido como la hegemonía comunicacional, es lo que se ha puesto en práctica y se ha profundizado con “el primer presidente obrero” de Venezuela.

Tras los diferentes casos señalados en este seriado de artículos, debemos decir que la preocupación del chavismo por controlar la palabra pública antecede a Maduro, pero con éste adquiere mayor vigor para terminar de implantar un modelo de censura en el país.

Tras revisar un período que comienza en 1999 y se extiende hasta este 2021, que genéricamente englobamos bajo el nombre de Revolución Bolivariana, se puede señalar que en Venezuela no se han producido políticas públicas de comunicación, si nos guiamos por algunos de los principios que guían a éstas. Tampoco lo decidido en el campo de la comunicación, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, parece ser fruto de la rica experiencia latinoamericana en el campo de las políticas públicas en el ámbito comunicacional.

Se han implementado, desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el lapso 1999-2021 un conjunto de acciones y decisiones oficiales, que no le han dado respuesta a problemas concretos de los ciudadanos, sino que han tenido por finalidad crear un cerco legal-institucional para restringir la libertad de expresión y el derecho a la información, con impacto directo sobre el trabajo de periodistas y  medios masivos de comunicación.

Estas decisiones, por otro lado, tampoco han sido un espacio de discusión democrática y plural, ni han estado precedidas por una genuina consulta ciudadana. El Estado ha asumido sus decisiones de forma unilateral, principalmente para contar con un marco “legal” para sancionar a los medios privados de comunicación.

Tampoco ha desarrollado el chavismo, en estos años, un plan coherente para hacer de los medios estatales unos espacios de servicio público, al ser un asunto sobre el cual no se produjeron decisiones de diverso tipo en dos décadas. Los medios incluso dejaron de ser estatales para ser francamente un aparato de propaganda chavista y ahora madurista.

La hegemonía comunicacional en Venezuela

En estos años en Venezuela se ha puesto en práctica la llamada hegemonía comunicacional, que es la propuesta gubernamental en materia de medios y libertad de expresión. Este plan tiene dos líneas de acción, por un lado, como se ha dicho se busca cercar la crítica pública con un mayor control sobre los medios privados, especialmente radioeléctricos; mientras que por el otro lado se registra un abultamiento notable del aparato mediático oficial, que termina cumpliendo una labor propagandística.

Con mucha frecuencia se ha dicho que la idea de hegemonía, tal como había sido presentada por el gobierno de Hugo Chávez en 2007, se relaciona con el pensamiento de Gramsci. Se trata de un traslado mecánico sin revisar realmente lo planteado por el pensador socialista; en realidad, Gramsci utilizó cuidadosamente este concepto (el de hegemonía) para distinguir elementos de pluralismo y competencia, de persuasión y de consentimiento, frente a las formas más coercitivas y represivas de dominación.

A inicios de 2007 un entonces exultante Andrés Izarra comentó, por primera vez de forma pública, que la intención oficial era establecer una hegemonía comunicacional. La consolidación y profundización de este modelo, en tiempos de Maduro como presidente, terminó siendo un bumerang en contra del propio Izarra, quien distante ahora del poder vive un exilio dorado en Alemania.

¿Y la Hegemonía? Las diferentes decisiones que tocaron el campo de la comunicación en Venezuela, lejos de constituir una política pública tuvieron y siguen teniendo por finalidad la dominación.

Este artículo fue publicado previamente en El Estímulo


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