En las quebradas del semiárido larense, donde la vera, el curarí y el cují han resistido durante décadas la escasez de agua y las altas temperaturas, hoy se ha hecho común el sonido de las motosierras. Lo que antes era un paisaje de bosques xerófilos, microcuencas y suelos frágiles pero vivos, se convierte día a día en un terreno erosionado, expuesto al sol y al viento.
La producción de carbón vegetal, impulsada por una demanda de exportación y por la crisis económica, ha transformado diversas comunidades del estado Lara. Avanza una deforestación sistemática y hasta ahora, imparable. Las miradas de tres conocedores, con diferentes perspectivas, coinciden en señalar que se está ante una actividad ilícita que avanza con permisos cuestionados, sin estudios de impacto y con consecuencias que apuntan hacia la desertificación.
El profesor y activista ambiental Francisco Cañizales Lomelli resume el daño con la claridad de quien conoce el territorio: Los árboles de cierta altura, como la vera, el curarí y el cují “cumplen un papel muy importante dentro de ese ecosistema (semiárido), a fin de garantizar la acumulación de algo de agua en el subsuelo y preservar los suelos y la microfauna que está en los suelos, que justamente permite la posibilidad de actividades de producción agrícola. Y es también el hábitat de distintas especies de fauna”.
Al eliminar esas especies, el suelo queda de alguna manera desnudo a la exposición solar y la erosión que generan los vientos.
Hay coincidencia en definir al semiárido larense como un frágil ecosistema xerófilo que cubre alrededor de la mitad del estado Lara. Se caracteriza por las altas temperaturas y escasas lluvias. Este territorio alberga cujíes, veras, curaríes y cardones, una biodiversidad única adaptada a la sequía.
Contaminación y daños a la salud
El proceso de producción de carbón vegetal agrava el impacto sobre el semiárido larense. Los hornos artesanales se arman en el mismo campo y arden durante diez días. Según ingenieros forestales, para producir una tonelada de carbón se sacrifican cinco toneladas de madera: cuatro se liberan a la atmósfera como dióxido de carbono y una queda como carbón vegetal. El humo no sólo contamina el aire, sino que afecta las vías respiratorias y el sistema circulatorio de quienes producen el carbón y de los habitantes de las comunidades vecinas.
“Todo esto se traduce en que se genera una tendencia a la desertificación”, advierte el ambientalista, para quien las consecuencias se verán en el mediano y largo plazo, ya que “provocaría incluso el desplazamiento de la población, ya que las altas temperaturas y la desaparición total de las fuentes de agua harían inhabitables estos espacios”.
La cuantificación exacta del daño aún no existe. Cañizales Lomelli le demanda al Ministerio para el Ecosocialismo, ente rector, que realice el estudio de impacto ambiental y sociocultural por microcuenca. Sin ese diagnóstico, dice, no habrá plan de restauración creíble. Mientras tanto, propone alternativas de producción que preserven el ecosistema: sábila, sisal, agave cocuy, cardones, semeruco y orégano, bases de una pequeña agroindustria familiar campesina que generaría ingresos todo el año sin talar los árboles altos que dan sombra a especies como el agave y la piña.
Producción ilegal
Por su parte, José Gregorio De Sousa, consultor jurídico ambiental, es categórico: esta actividad que se desarrolla en el semiárido larense es totalmente ilegal. Venezuela tiene una zonificación de áreas productivas y las reservas forestales están en Apure, Portuguesa, Bolívar y Amazonas. “El estado Lara no tiene ninguna reserva forestal de ningún tipo, porque nosotros no tenemos bosques para eso, nuestro ecosistema no da”, recalca.
Los bosques xerófilos son de crecimiento extremadamente lento: un árbol puede tardar más de diez años en alcanzar apenas dos metros de altura. Económicamente y ecológicamente inviables. Aun así, se impulsó un “motor forestal” y se otorgaron más de 20 o 25 permisos de comercialización, producción y almacenamiento de carbón vegetal. De Sousa precisa que “no se hicieron estudios de impacto ambiental” y los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución vigente en Venezuela, que protegen los derechos ambientales, fueron ignorados.
Los permisos otorgados para esta actividad reñida con el ecosistema son una suerte de caja negra: Nadie ha tenido acceso a los expedientes, no se conocen las coordenadas, la duración de los permisos ni las cantidades autorizadas. De Sousa señala que seis empresas tienen permiso de aprovechamiento forestal y otras 17 sólo de depósito. “¿Cómo se justifica tener un depósito si no se tiene el permiso en la finca donde está la madera?”, se pregunta de forma incisiva.
Por otro lado, en una especie de acción para dispersar y eludir responsabilidades, esas empresas encargan el carbón a los campesinos, y para ello le entregan motosierras a crédito, instalan hornos artesanales y compran el producto a través de agentes comerciales que operan en las comunidades. El consultor jurídico ambiental precisa: “Lamentablemente, pareciera que los organismos competentes son los únicos que no saben que esto está ocurriendo”.
Osman Rojas, periodista de datos y parte del equipo de Cotejo.Info, ha hecho seguimiento al tema y sostiene que no es un problema nuevo. Hace poco más de una década ya se realizaban asambleas contra la tala de cují, vera y tamarindo. Mientras que en 2019, informes especializados advertían sobre la desaparición significativa de los bosques xerofíticos de la región.
De acuerdo con un trabajo publicado por La Prensa de Lara, bajo la autoría de Rojas, existen 24 empresas operando, de las cuales seis tienen permiso de aprovechamiento forestal, lo cual es un contrasentido, dado que se trata de un semiárido, y la mayoría actúa sin ningún permiso. “La crisis económica ha abierto toda una autopista para el aprovechamiento de estos recursos”, apunta y de seguidas explica el modus operandi: Las empresas no tienen nómina formal en las comunidades. Trabajan a través de intermediarios que ofrecen motosierras a los campesinos, quienes talan, queman y entregan el carbón ya en sacos. En medio de la crisis humanitaria compleja que asola a Venezuela, esta actividad ha sido una suerte de válvula de escape económico en diversos caseríos y comunidades.
Falta de voluntad política
“Es un caso de denegación de justicia sumamente grave”, dice Cañizales Lomelli, ya que “hay una concertación de actores institucionales, empresariales y de cuerpos de seguridad para convalidar unas prácticas ilícitas”.
La voluntad política parece ausente. Ambientalistas enviaron cartas en diversos momentos al ahora ex ministro para el Ecosocialismo Josué Lorca solicitando audiencia y que visitara Lara para constatar in situ la grave situación. En los años que estuvo como ministro, entre 2021 y 2025, tal cosa no ocurrió. En este 2026, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses el pasado 3 de enero, el despacho ambientalista ha estado bajo el mando de varias figuras como Aníbal Coronado y Freddy Ñáñez. El pasado 15 de junio, la presidenta encargada designó a Nelson Rodríguez como ministro.
Mientras en Caracas diversas personas se rotan en los cargos de poder relacionados con el ambiente, algunas de ellas sin experticia alguna, como fue el caso de Ñáñez, con formación en filosofía, el semiárido larense sigue perdiendo su capacidad de sostener vida. Cada día, un poco más, se desvanece.
