Venezuela está atravesada por una crisis humanitaria compleja que tiene múltiples caras e impactos en la población, con especial énfasis desde 2015. Teniendo esto como trasfondo, la violencia basada en género (VBG) no sólo persiste, sino que se intensifica y adquiere nuevas formas, según revela un exhaustivo estudio cualitativo realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2025.
El informe, titulado “Necesidades y riesgos de violencia basada en género en el marco de la crisis multifactorial que atraviesa Venezuela”, actualiza diagnósticos previos y ofrece una radiografía detallada de cómo la precariedad económica, la migración y el deterioro de los servicios básicos agravan las violencias contra las mujeres y adolescentes. La fotografía del estudio es de 11 estados del país, pero lo que describe el informe de la agencia especializada de la ONU, en verdad, debe verse como una realidad nacional.
El estudio, de enfoque cualitativo, consultó a 234 personas, en su inmensa mayoría mujeres (sólo una se identificó como no binaria), en estos estados de Venezuela: Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Lara, Miranda, Sucre, Táchira y Zulia. El 79,5% correspondió a población en situación de riesgo o sobrevivientes de VBG, con perfiles diversos: adultas mayores, afrodescendientes, campesinas, con discapacidad, en movilidad, indígenas y LGBTIQ+.
En el proceso de investigación se utilizaron grupos focales (el método predominante), entrevistas semiestructuradas y cuestionarios autoadministrados, complementados con revisión documental. Los hallazgos confirman que la crisis no sólo profundiza las desigualdades de género preexistentes, sino que genera condiciones estructurales que facilitan y multiplican las violencias: La crisis multidimensional, que es económica, social y humanitaria, marca la vida cotidiana de las venezolanas.
Preocupaciones con rostro de mujer
Para las mujeres de Venezuela, la alimentación sigue siendo la principal preocupación: aunque ha mejorado la disponibilidad de alimentos respecto al pico de 2018-2020, la capacidad adquisitiva sigue siendo insuficiente. Muchas mujeres reducen sus propias raciones o el número de comidas diarias para priorizar a sus hijos e hijas, generando estrés constante y malnutrición. En tanto, los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) representan una ayuda irregular y de baja calidad nutricional.
En salud, la falta de insumos, medicamentos y reactivos obliga a las familias a comprar todo en el sector privado, lo que posterga tratamientos y exámenes, especialmente los de salud sexual y reproductiva (citologías, mamografías, atención prenatal). Los servicios públicos —agua, electricidad y gas— son intermitentes y deficientes, incrementando la carga doméstica que recae mayoritariamente sobre las mujeres.
Por su parte, el mercado laboral refleja la misma precariedad. Los ingresos son insuficientes, lo que impulsa el pluriempleo y la informalidad. Las mujeres enfrentan una “triple jornada”: actividades económicas (muchas veces informales), trabajo doméstico no remunerado y cuidados. Esta sobrecarga se acentúa en perfiles vulnerables: campesinas con menor acceso a insumos agrícolas, adultas mayores dependientes de bonos estatales insuficientes, o mujeres en movilidad que pierden sus redes de apoyo.
La migración con sus tres caras (internacional, de retorno e interna) también redefine las dinámicas familiares. Aunque el flujo masivo de años anteriores ha disminuido, aún persiste, especialmente entre jóvenes. Muchas mujeres migran solas o con hijos, enfrentando riesgos durante el tránsito y también al llegar a destino. Aquellas que se quedan asumen cargas adicionales, como cuidar nietos, enfrentar abandono económico de parejas migrantes o lidiar con la precariedad extrema.
Formas de violencia y su impacto
En este contexto de vulnerabilidad agudizada, la violencia basada en género adquiere características específicas y se intensifica. Las formas más frecuentes siguen siendo la violencia psicológica, física y sexual, principalmente dentro de la pareja o en el ámbito familiar. Los testimonios de sobrevivientes describen episodios de control, humillaciones, golpes, asfixia e incluso violaciones maritales. El abuso sexual infantil, la violencia familiar y el acoso sexual aparecen de manera recurrente en todos los estados. Emergen con fuerza nuevas o agravadas modalidades vinculadas directamente a la crisis: explotación sexual, sexo por supervivencia, trata de personas (interna e internacional) con fines de explotación sexual, violencia digital y un preocupante aumento de femicidios e intentos de femicidio.
Los factores detonantes más citados son las tensiones económicas, el consumo de alcohol y drogas, y los celos, a los que se suma un elemento nuevo: la existencia de otras parejas por parte de los agresores que, al ser descubiertas, desencadenan violencia extrema. Los principales agresores son parejas o exparejas, pero también familiares (padrastros, tíos), vecinos, docentes, empleadores y, en menor medida, funcionarios de seguridad o grupos armados irregulares. En zonas fronterizas o mineras, actores no estatales agravan la situación.
El estudio destaca que la crisis no sólo aumenta la incidencia de la VBG, sino su intensidad y crueldad. Sobrevivientes relatan golpes con consecuencias graves —pérdida de conocimiento, abortos provocados, fracturas, enfermedades crónicas— y un alto grado de vulnerabilidad emocional. La violencia se expresa de manera diferenciada según el perfil: en mujeres campesinas e indígenas prevalecen uniones tempranas y matrimonios forzados; en afrodescendientes, acoso sexual callejero y normalización prolongada de la violencia doméstica; en mujeres con discapacidad, revictimización y barreras de acceso; en LGBTIQ+, violencia intragénero, homofobia y transfobia; en mujeres en movilidad, aislamiento y mayor riesgo de explotación sexual.
Asimismo, se documentó cómo los impactos de la VBG son profundos y multidimensionales. El más unánime y severo es el daño a la salud mental: tristeza, ansiedad, depresión, ira, miedo, baja autoestima, insomnio, trastornos alimenticios, hipervigilancia y, en casos extremos, ideación suicida o autolesiones. Estos efectos se extienden a los hijos e hijas, que presencian la violencia o la sufren directamente. En la salud física se reportan lesiones permanentes (problemas en columna, pérdida de la dentadura, dolores crónicos), agravamiento de enfermedades preexistentes y secuelas de violencia sexual (infecciones de transmisión sexual). La salud sexual y reproductiva se ve afectada por pérdida o alteración del deseo, embarazos no deseados o de alto riesgo, y dificultades para formar nuevas parejas.
Respuestas preventivas y reactivas
Ante esta realidad, las mujeres despliegan estrategias de afrontamiento y prevención diversas. Las positivas incluyen buscar apoyo en redes afectivas u organizaciones, separarse del agresor, ganar autonomía económica, informarse por internet y, en algunos casos, convertirse en activistas que ayudan a otras. Las negativas —silencio por miedo o vergüenza, complacencia para evitar confrontaciones, o recurrir a grupos armados— persisten, especialmente donde hay dependencia económica o desconfianza institucional. La prevención colectiva avanza a través de campañas, capacitaciones, fortalecimiento de redes comunitarias e intervenciones inmediatas ante episodios de violencia.
Sin embargo, señala el informe de UNFPA, en Venezuela las necesidades de protección siguen siendo urgentes y multisectoriales. El apoyo psicológico y los medios de vida (oportunidades económicas) son las prioridades absolutas. Le siguen: atención en salud, vivienda, protección efectiva frente al agresor y asesoría legal. Los perfiles vulnerables requieren respuestas diferenciadas: protocolos interculturales para indígenas, accesibilidad para mujeres con discapacidad, regularización migratoria, o marcos normativos inclusivos para LGBTIQ+.
A todo esto se suma la precaria respuesta de las instituciones públicas en Venezuela. Aunque existen instancias como policías (órganos receptores de denuncia), fiscalías especializadas, institutos municipales de la mujer y algunos hospitales, estos operan de forma fragmentada, discontinua y con recursos limitados. Los servicios psicológicos son prácticamente inexistentes en lo público; las casas de abrigo son escasas o inoperantes; las rutas de atención carecen de articulación. Las barreras son múltiples: culturales (vergüenza, normalización de la violencia), económicas (costos de transporte, trámites), geográficas (distancia en zonas rurales), e institucionales (burocracia, horarios restrictivos, revictimización, falta de protocolos especializados y de enfoque interseccional).
Por otro lado, diversas organizaciones de la sociedad civil ofrecen servicios más oportunos, cercanos y de calidad —atención psicosocial, líneas de emergencia, formación—, pero su alcance es limitado y su sostenibilidad depende de un financiamiento inestable.
Hoja de ruta para el cambio
En sus conclusiones, el informe del UNFPA subraya que la crisis ha colocado a las mujeres venezolanas en mayor vulnerabilidad, tanto en el ámbito privado como público, intensificando violencias tradicionales y generando nuevas. La VBG sigue siendo mayoritariamente intrafamiliar, pero la precariedad económica actúa como catalizador. Los impactos en salud mental son devastadores y de largo plazo, mientras que los servicios estatales se perciben débiles y sin prioridad política. Las estrategias de afrontamiento y prevención muestran avances, pero requieren mayor fortalecimiento de redes y difusión de información.
Este informe no sólo documenta una realidad dolorosa, sino que ofrece un mapa claro para la acción. En una Venezuela donde la crisis cotidiana erosiona derechos básicos, la violencia de género no es un problema aislado: es una de sus expresiones más crueles y un obstáculo central para cualquier recuperación sostenible. Atender sus causas estructurales y sus manifestaciones concretas resulta indispensable para garantizar a las mujeres y adolescentes el derecho a una vida libre de violencia. El estudio del UNFPA 2025 constituye, en ese sentido, una herramienta valiosa tanto para los tomadores de decisiones como para las organizaciones y los ciudadanos comprometidos con hacer frente a la violencia basada en género en el país.
