A orillas del embalse de Macagua, a minutos del eje de Ciudad Guayana que conforman Puerto Ordaz y San Félix, una mina ilegal de oro opera frente a la mirada impasible o cómplice de las autoridades. No se trata de una mina escondida en la selva del municipio Sifontes ni en los vericuetos de El Callao. Está en el lecho y en las márgenes del río Caroní, entre las centrales hidroeléctricas Macagua y Caruachi, dentro del perímetro urbano de Ciudad Guayana.
El grupo ambientalista SOS Orinoco denunció que el yacimiento se duplicó de 15 a 30 hectáreas, entre 2024 y 2026. En julio pasado esta mina fue noticia, ya que dos mineros quedaron tapiados. Para esta ONG y diversos periodistas, la noticia debería ser que la minería ilegal en Venezuela, lejos de achicarse, avanza hacia la ciudad industrial del estado Bolívar.
Ya no se trata -solamente- de campamentos lejanos, del dragado de afluentes remotos de los ríos principales o las llamadas “bullas”, ese descubrimiento repentino de una veta rica en oro que rápidamente pasa a estar bajo control de los “sindicatos”, el eufemismo local para referirse a bandas armadas que se disputan el territorio minero al sur de Venezuela. Esta vez se trata de una actividad ilegal, pero permitida, que se instaló junto a las turbinas que alimentan buena parte del Sistema Eléctrico Nacional.
Presencia cómplice
La periodista Jhoalys Siverio, de Correo del Caroní, hace la pregunta de rigor cuando es consultada sobre el tema: “Esas son unas zonas sumamente protegidas por los organismos del Estado. Allí está la Guardia Nacional, el SEBIN, una cantidad de funcionarios… ¿cómo logra ingresar la minería a esos sitios sin que nadie tome cartas en el asunto?”.
La respuesta, según las organizaciones que documentan el caso, no es la ausencia del Estado, sino su presencia cómplice. SOS Orinoco sostiene que la mina “está bajo el control de la Dirección Policial de Espacios Acuáticos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), destacados en el lago de Macagua”.
Simón Yegres, de la ONG Gente Para Servir, refrendó la denuncia, pero no sólo en clave ambientalista sino en términos de servicios públicos: “Con la minería allí, están modificando la profundidad del embalse y contaminando las fuentes de donde los acueductos toman el agua para nuestro consumo. Además de eso, hay deterioro en las turbinas de la hidroeléctrica”.
Cristina Burelli, de SOS Orinoco, ha sido muy directa en su cuestionamiento a lo que viene sucediendo a las puertas de Ciudad Guayana. Para ella es, sencillamente, un descaro. “Son las propias fuerzas de seguridad, la Dirección Policial de los Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, los que deberían de estar patrullando estos ríos para protegerlos… pero no, ellos son los que están metidos en el negocio ilícito”, recalcó.
Particularidades del daño
El Caroní no es un río cualquiera. Es el segundo más caudaloso de Venezuela y sostiene el complejo hidroeléctrico que incluye Guri, Macagua y Caruachi. La minería aluvial remueve sedimentos que terminan viajando por el río hasta la represa. Las tierras del llamado Escudo Guayanés tienen un alto contenido de cuarzo. Burelli lo describió con la siguiente analogía: “ese cuarzo que va fluyendo con estos sedimentos… destruye las turbinas, como un cuchillo”.
No hay, según Burelli y Siverio, un pronunciamiento oficial que cuantifique el daño a las turbinas o el volumen de sedimentos. Esa opacidad es parte del problema.
A la sedimentación se suma el mercurio. Burelli ofreció cifras que ayudan a comprender la gravedad de lo que viene ocurriendo: “para producir 1 kg de oro con esta minería de aluvión, se requieren 2,5 kilos de mercurio, del cual el 13% se vierte al río”. Ese mercurio contamina el agua y a los peces de las zonas mineras y, en consecuencia, a los seres humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, este metal pesado causa numerosos daños a la salud, afectado los riñones, el sistema nervioso y la piel, entre otros órganos.
Fritz Sánchez, periodista que ha documentado durante varios años el extractivismo al sur del Orinoco, amplifica la mirada sobre el daño que está en marcha. Las dragas mineras ilegales no sólo están presentes en las grandes cuencas hidrográficas, la devastación también ocurre en los pequeños ríos.
Patrimonio Mundial en peligro
El cierre de esta geografía asolada por la minería aluvional, como lo describe Cristina Burelli, no está en Ciudad Guyana. Está más al sur, en el Parque Nacional Canaima, Patrimonio Mundial de la Unesco, donde la minería ilegal ya no es una mancha aislada, sino un patrón. Informes de SOS Orinoco para el World Heritage Watch han documentado cientos de hectáreas de minería no autorizada dentro del parque, dragas en el Caroní y el Karuai, y pérdida adicional de cobertura vegetal.
Fritz Sánchez, en su meticuloso registro en su cuenta en X lo apuntó este 6 de septiembre con una frase que funciona como diagnóstico y como acta: “¡Indetenible la destrucción del PN #Canaima! Impresionante cómo avanza la destrucción del sector 8 #Wonken gracias a toda la maquinaria que impunemente han trasladado a esta región de la #GranSabana”.
El detalle que convierte la denuncia en prueba de complicidad es el combustible: “los volúmenes de combustible que requieren los monitores hidráulicos de gran dimensión no son despreciables, mucho menos pueden pasar desapercibidos por las más de cuatro alcabalas militares presentes en la vía de acceso terrestre”.
En los días previos ya había escrito sobre el mismo paisaje: “Lamentablemente no existe autoridad civil, política, indígena o militar interesada en desacelerar la actividad aurífera ilegal, mucho menos detener, que es lo que corresponde por ser un área protegida ambientalmente”. En otro llamado público, urgió a las estructuras de representación pemón a frenar la “cultura minera” dentro de Canaima, llamando a que este emblemático parque nacional, símbolo internacional de la naturaleza venezolana, “no debe convertirse en otro territorio sacrificado por el extractivismo”.
Esa fórmula —autoridades que ven pasar la maquinaria, el combustible y las dragas, y no detienen nada— es la misma que Siverio y Burelli describen en Macagua. Cambia el paisaje: tepuyes en lugar de avenidas, Gran Sabana en lugar de las inmediaciones de Ciudad Guyana, pero no cambia el mecanismo: quienes tienen el control de los accesos, terminan siendo parte de la operación ilegal en las zonas mineras.
