Armando Rojas* tenía una firme convicción: construir un futuro distinto para él y su familia.
Durante más de una década trabajó en una finca ajena. Fueron años de privaciones y esfuerzos constantes para alcanzar su sueño: establecer su propia granja de gallinas ponedoras y convertirse en productor independiente.
Esta aspiración de trabajar por cuenta propia es común en las zonas rurales del estado Yaracuy, donde se sienten con mucha severidad las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y los ínfimos salarios que ofrece el Estado, principal empleador en la entidad.
Rojas estaba a punto de lograrlo. Sin embargo, en cuestión de horas, la naturaleza le jugó una mala pasada. Tras las fuertes lluvias registradas a finales de julio, los ríos se desbordaron y arrastraron todo a su paso, incluso a sus gallinas ponedoras.
“No sé ni siquiera si voy a poder jornalear en la finca, porque la cosecha donde trabajaba también se perdió”, lamenta.
Producción alimentaria en riesgo
Las inundaciones no sólo trajeron más preocupaciones y estrés, sino que causaron la pérdida de medios productivos (capacidades, bienes y actividades económicas para la subsistencia) que permanecen casi invisibles.
Los municipios afectados son el epicentro de la producción agropecuaria de Yaracuy, la cual produce una cantidad de rubros importantes para abastecer a la entidad y a estados vecinos, como Lara, Falcón, Carabobo y la ciudad de Caracas.
Entre los cultivos más afectados están: plátano, caña de azúcar, ají, maíz, lechosa, yuca, auyama, topocho y coco, además de la ganadería bovina, porcina y caprina. También se registraron pérdidas en dos empresas de producción social (huevos y concentrados de frutas), en las que el río arrastró sus equipos y mató a las gallinas ponedoras.
Emergencia dentro de la emergencia
Yaracuy, lejos del foco público y con graves afectaciones previas tras el doblete sísmico del 24 de junio, como lo detalló una alianza de ONG, entró en otra emergencia cuando comenzaron las lluvias.
Pedro Hernández Oropeza, director general de la organización Campo, ha vivido estas emergencias desde adentro. De memoria recuerda que la primera comunidad inundada fue El Guayabo —en el municipio Veroes, que ya había sido afectado por el terremoto—, luego de siete horas de lluvias intensas.
“Ya las casas estaban agrietadas (por el terremoto) y el agua subió hasta un metro. Las personas perdieron los bienes y los cultivos. Algunos habitantes nos dicen que la lluvia ocasionó daños, pero también tuvo mucho que ver la negligencia por parte de las autoridades, por la falta de mantenimiento de los cauces y la limpieza de los ríos y de los drenajes. No existió un trabajo preventivo, sino atender después de que ocurrió todo. El daño emocional es inmenso y la preocupación enorme por cada lluvia”, relató Hernández Oropeza.
Como un calco, un par de días después se reportaron daños en comunidades de los municipios Bolívar (La Luz, Kilómetro 58, Kilómetro 50, Los Ureros, Barlovento, La Vaca), Manuel Monge y San Felipe, principalmente en sectores rurales cercanos a las riberas de los ríos Las Minas, Tupe y Aroa.
Más allá de las situaciones tan delicadas que atraviesan, lo que más preocupa entre las personas consultadas es lo poco visibles que han sido.
“Todo termina afectando la seguridad alimentaria, los medios de vida y los empleos con los que las personas tratan de subsistir”, enlista Hernández Oropeza.
La organización Campo también ha registrado problemas de salud derivados de la crecida de los ríos, como casos de hongos en los pies de las personas a cuyas casas entró el agua junto con el barro de los desperdicios de los cochinos.
“De paso hay otras situaciones, como las de Agua Negra y Palmarejo, donde hay una grieta (luego de los sismos) que pasa por la carretera y los campesinos tienen limitaciones para sacar la producción, porque no pueden meter los camiones y les toca caminar o intentarlo en motos. Se trata de un problema complejo en el territorio que termina afectando de gran manera”, explica el director de la ONG.
En Yaracuy, la esperanza trata de salir a flote. “La gente está viendo cómo puede salir adelante. Hace poco vi al ganado pastar nuevamente y a algunas personas sembrando. Hay una actitud de resiliencia y ha llegado el apoyo de vecinos, organizaciones y asistencia gubernamental, con comida, ropa y colchones”.
Sin embargo, Hernández Oropeza lamenta que “en paralelo existe una actitud repetitiva de negligencia por parte de algunas instituciones del Estado, que dejan al ciudadano expuesto a cualquier tipo de riesgo y desastres. Me da gusto que Yaracuy haya entrado dentro del Plan de Respuesta Humanitaria impulsado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) antes del terremoto. Su implementación nos parece un paso muy importante, y se reafirma su necesidad”.
La organización Campo insiste en la importancia de que las instituciones del Estado realicen inspecciones técnicas de las viviendas afectadas por el terremoto y las inundaciones; que hagan jornadas epidemiológicas y apliquen sistemas de saneamiento; que creen un fondo para el resarcimiento agrícola y pecuario, y que hagan un acompañamiento técnico y entreguen insumos orgánicos.
Mientras tanto, Armando Rojas y su familia sobreviven con la ayuda de amigos y desconocidos. En su corazón palpita el dolor por la pérdida de su proyecto independiente con las gallinas y la preocupación por saber cómo podrá llevar comida a su casa. “Generar ingresos, generar ingresos, eso es lo que me quita el sueño”.
*Armando Rojas es un nombre ficticio, utilizado para proteger la identidad de la fuente.
