En un mundo donde las redes sociales se han convertido en la nueva plaza pública, las mujeres que ocupan roles visibles, por ser políticas, periodistas, activistas sociales o defensoras de derechos humanos, enfrentan una nueva forma de agresión que no siempre vemos con nitidez pero que va cobrando cada día más fuerza con un impacto seriamente negativo: la violencia digital contra las mujeres (VDCM).
El informe “Prevenir la violencia digital contra las mujeres en Iberoamérica” apunta a tratar de visibilizar este nuevo tipo de violencia de género. El documento fue elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM).
El estudio fue publicado a fines de 2025 y busca poner nombres, números y rostros a este fenómeno que, lejos de ser anecdótico, amenaza la democracia y la igualdad de género en toda Iberoamérica, por el impacto negativo que tiene en lo que son hoy las nuevas ágoras: las redes sociales.
El documento, fruto de un trabajo colectivo que incluyó webinars para discutir mecanismos, reuniones de expertas y activistas, además de un innovador monitoreo que se hizo con herramientas de inteligencia artificial, ofrece la primera mirada regional sistemática sobre cómo se ejerce esta violencia en plataformas digitales, especialmente en X (antes Twitter). Con un enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad, el documento no sólo diagnostica el problema, sino que propone caminos concretos para construir entornos digitales seguros.
Este informe define la violencia digital contra las mujeres como “toda acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, psicológico, moral, sexual o económico contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, o que las afecte desproporcionadamente, en cualquier ámbito, sea privado o público, a través de la tecnología digital, asistida o agravada por esta”. No se trata de un fenómeno aislado ni neutral: es una expresión contemporánea de las violencias estructurales de género que se amplifica mediante algoritmos, se multiplica en tiempo real y se prolonga indefinidamente en el espacio digital.
El estudio enfatiza que esta violencia no sólo agrede a las víctimas individuales, sino que busca silenciar voces, deslegitimar causas y disciplinar la participación pública de las mujeres. Al dirigirse especialmente contra aquellas con visibilidad —periodistas, políticas, activistas—, envía un mensaje claro: ocupar espacios de poder o ser visibles socialmente tiene consecuencias. Sus formas incluyen amenazas, campañas de desprestigio, desinformación de género, difusión no consentida de imágenes (reales o manipuladas con IA) y ataques que combinan menosprecio profesional con estereotipos sexistas.
El documento subraya que esta violencia restringe la libertad de expresión, el derecho de asociación y la agencia de las mujeres, socavando al mismo tiempo los pilares democráticos.
El estudio de caso: escuchando en línea para visibilizar la violencia
El corazón del informe es el capítulo IV: “Escuchar online para entender, visibilizar e intervenir”, un monitoreo pionero de 351 perfiles de mujeres en roles públicos en ocho países de la IIPEVCM: Andorra, Bolivia, España, México, Panamá, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Utilizando tecnologías basadas en la IA del PNUD, se analizaron 581.440 interacciones en la red social X durante un período determinado por la investigación.
Los resultados son contundentes: 162.159 interacciones (alrededor del 28 % del total) contenían al menos una de las cinco categorías de violencia digital monitoreadas. Considerando un promedio ponderado para dar igual peso a cada país, una de cada cinco interacciones dirigidas a estas mujeres era violenta. Es decir, el 20 % de los mensajes que recibían en X buscaba dañarlas.
Las categorías analizadas fueron:
- Subestimación de capacidades: menosprecio a su profesionalismo, credibilidad o contribuciones públicas (el tipo más frecuente en México, Uruguay y Portugal).
- Comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad: ataques a la apariencia, insinuaciones sexuales o lenguaje vejatorio.
- Ataques basados en la identidad: discriminación por origen étnico, racial, orientación sexual, religión o discapacidad.
- Ataques por afiliación política y compromiso cívico: descalificaciones por su militancia, ideología o defensa de derechos (predominante en Bolivia y España).
- Amenazas: explícitas o implícitas de daño físico, psicológico, sexual o económico, incluido doxing.
Algo llamativo en el estudio es mostrar cómo la incidencia varía drásticamente por país. México registró el porcentaje más alto de interacciones violentas (40,6 %), seguido de cerca por Bolivia (39,9 %). En el extremo opuesto, Andorra (6,7 %) y República Dominicana (5,2 %) mostraron las tasas más bajas, aunque en todos los casos la violencia existe. En República Dominicana y Panamá los ataques por afiliación política y los comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad comparten protagonismo.
Uno de los hallazgos más alarmantes es la confluencia de violencias: el 15 % de las interacciones violentas combinaban dos o más categorías. La fórmula más común fue subestimación de capacidades sumado a ataques por afiliación política (77 % de los casos múltiples). Esto revela una estrategia deliberada: no sólo se ataca a la mujer como persona, sino que se busca deslegitimar las causas que representa (feminismo, derechos humanos, políticas de igualdad).
El lenguaje de la violencia es revelador. Las palabras más frecuentes en los mensajes agresivos incluyen “loca”, “vieja”, “ridícula”, “corrupta”, “hipócrita”, “mierda” o “traidora”. Estos adjetivos fusionan ataques personales con descalificaciones políticas, mostrando cómo la violencia digital opera como mecanismo de control social y político.
El monitoreo también analizó el origen de la violencia. El 41 % de las cuentas que interactuaron con los perfiles estudiados generaron al menos una publicación violenta. Es decir, casi la mitad de las cuentas que se acercan a estas mujeres en X portan intención dañina. Sin embargo, la violencia no está distribuida uniformemente: un grupo reducido de cuentas es responsable de una parte desproporcionada de los ataques. Esto confirma lo que muchas activistas denuncian desde hace años: existen “ejércitos de trolls” y cuentas organizadas que operan con persistencia.
En países con mayor incidencia (México y Bolivia), las combinaciones múltiples de violencia también son más frecuentes (casi una de cada cinco interacciones son violentas en México). Esto sugiere que donde la polarización política es más intensa, la violencia digital se vuelve más sofisticada y dañina.
El informe no se limita a los datos del monitoreo. En este documento de estudio se contextualiza la violencia digital contra las mujeres dentro de un entramado mayor: es parte del contragolpe contra la perspectiva de género, ese rechazo violento a los avances feministas que busca restaurar jerarquías tradicionales. En un contexto de retrocesos democráticos en la región, la violencia digital actúa como herramienta para silenciar a quienes defienden la igualdad.
Las consecuencias para las víctimas son reales y van más allá de la pantalla: ansiedad, aislamiento, miedo, abandono de cargos públicos, autocensura e incluso suicidios. El estudio cita datos globales que refuerzan la urgencia: el 85 % de las mujeres ha experimentado o presenciado violencia en línea, y en muchos países el acoso digital queda impune.
La violencia digital no es “un problema de Internet”
El documento revisa la legislación iberoamericana y constata avances importantes pero fragmentados. Países como México (Ley Olimpia), Argentina (Ley Olimpia 2023), Ecuador y Paraguay han tipificado específicamente la violencia digital o telemática. En España y la Unión Europea existen directivas recientes que abordan el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. Sin embargo, persisten brechas: falta de datos sistemáticos, protocolos de denuncia ineficaces y escasa articulación entre plataformas digitales y Estados.
Las conclusiones del informe son claras y urgentes: la VDCM no es un “problema de Internet”, sino un problema de democracia y derechos humanos que requiere respuestas integrales. “Los retrocesos en la igualdad de género son retrocesos democráticos”, afirma el texto. Escuchar en línea con IA no es sólo una herramienta técnica, sino un acto político de visibilización y transformación.
Entre las recomendaciones de este informe destacan:
- Actualizar marcos normativos con enfoque de género, interseccional e intercultural.
- Integrar la VDCM en los planes nacionales de prevención de la violencia contra las mujeres.
- Desarrollar sistemas de información y monitoreo con indicadores específicos.
- Promover corresponsabilidad de las plataformas digitales.
Este documento de la SEGIB, el PNUD y la IIPEVCM no es sólo un diagnóstico: es una hoja de ruta. El documento, además de los resultados generales del estudio, contiene anexos metodológicos detallados y fichas por país, lo cual constituye una herramienta valiosa para gobiernos, activistas, periodistas y plataformas.
Y el llamado final es claro: la violencia digital contra las mujeres ya no puede ser ignorada.
