Ejercer la comunicación social en el estado Falcón implica afrontar una marcada contradicción: contar con un gremio altamente capacitado pero acorralado por bajos ingresos, poca oferta en el sector privado y una infraestructura tecnológica costeada por los propios trabajadores.
Así lo demuestra la investigación “Perfil del periodista falconiano”, coordinada por Mariela Torrealba junto a Lucía León e Irene Revilla, tras consultar a 90 profesionales de la comunicación en la entidad para evaluar su perfil demográfico, laboral y de equipamiento.
Diagnóstico en tres claves:
- Un gremio experimentado pero ensombrecido por la falta de relevo: El sector destaca por su sólida preparación (62,2% con licenciatura y 36,6% con postgrado) y una clara feminización (67,8% son mujeres). Sin embargo, la pirámide etaria revela un dato crítico: los profesionales menores de 35 años representan apenas el 10% del total, lo que refleja la baja retención de nuevos talentos.
- Dependencia estatal y salarios de subsistencia: El ecosistema de medios privados en Falcón está prácticamente extinto, empleando de forma fija a tan solo 5 de cada 90 encuestados (5,5%). Ante esto, el 51,1% labora en instituciones públicas y un 30% lo hace de forma independiente (freelance). Esta realidad condiciona los ingresos: el 85,5% percibe menos de 300 USD mensuales —de los cuales un 34,4% gana menos de 150 USD— y solo 2 de 90 comunicadores logran superar la barrera de los 500 USD.
- Autofinanciamiento de las herramientas de trabajo: Frente a la ausencia de equipamiento patronal, el periodista falconiano asume el costo de sus insumos. Más del 94% trabaja con su teléfono móvil personal y la mayoría califica como deficientes sus equipos de computación (laptops y computadoras de escritorio). Además, ante las constantes fallas eléctricas en la región, la mayoría carece de cargadores portátiles (58,8%) o discos duros de respaldo (67,8%).
Este diagnóstico advierte sobre la urgencia de promover capacidades de gestión independiente, formación en resiliencia económica y la exigencia ética y legal sobre la responsabilidad patronal en la dotación de insumos básicos.
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