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Espacio Público, una ONG venezolana dedicada a la defensa de la libertad de expresión, catalogó de desproporcionado y arbitrario el procedimiento llevado adelante por el sistema de justicia civil en Venezuela

No pasó una semana entre la sentencia y la primera reacción pública de Diosdado Cabello. Entre otras ideas, dice que usaría el edificio sede de El Nacional para crear la “Universidad Miguel Otero Silva”. Además del beneficio monetario que le puede reportar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en el fondo estamos ante una apropiación simbólica.

El expropiar la sede de El Nacional, que es a dónde apunta todo este caso, no es otra cosa que la estrategia del chavismo para apoderarse de un símbolo.

La decisión, sin duda desproporcionada, la tomó el pasado 16 de abril el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Ordena al diario El Nacional a pagar como indemnización por daño moral la bicoca de 13,3 millones de dólares a Diosdado Cabello.

El 21 de abril, menos de una semana tras conocerse la decisión del TSJ, Cabello deja en claro que su intención es quedarse con el edificio de este medio de comunicación.

Otra baja entre los medios

El Nacional tuvo su última edición impresa de 2018, con lo cual se sumó a más de 50 periódicos impresos que desaparecieron por no tener acceso al papel periódico, cuya importación pasó a ser un monopolio oficial en 2013. Su propietario y directivos están exiliados víctimas de la persecución judicial, la redacción de la versión digital -que sigue en línea- en realidad ocupa una mínima parte en lo que fue una imponente edificación ubicada en una zona estratégica del este de Caracas.

En varios momentos, Cabello había hecho preguntas en su programa semanal de televisión, “Con el mazo dando”, sobre el uso y destino de este edificio, inaugurado hace una década.

“La decisión debe entenderse como una medida de expropiación de nuestra sede”, reaccionó apuntando al meollo del asunto, el actual presidente-editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero.

La decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según abogados a los que he consultado, podría dar paso al embargo de esta propiedad de la familia Otero Castillo, quienes fundaron lo que fue en su momento el periódico más moderno de Venezuela en 1947.

Miguel Henrique Otero, actualmente exiliado en Madrid, es el actual presidente-editor de El  Nacional, siendo la tercera generación al frente de este medio. Su padre, el escritor Miguel Otero Silva, y su abuelo Henrique Otero Vizcarrondo, fundaron el periódico que fue un espacio durante décadas para la izquierda cultural de Venezuela y América Latina.

Durante su exilio en Venezuela, el escritor cubano Alejo Carpentier fue un asiduo colaborador de El Nacional, en cuya redacción solía encontrarse con Otero Silva durante los años de 1950.

Voces de protesta

Espacio Público, una ONG venezolana dedicada a la defensa de la libertad de expresión, catalogó de desproporcionado y arbitrario el procedimiento llevado adelante por el sistema de justicia civil en Venezuela.

La sentencia de la Sala de Casación Civil, a cargo del magistrado Yván Darío Bastardo Flores, decidió que El Nacional estaba condenado a pagar una suma de 237.000 Petros (una criptomoneda creada por el régimen de Nicolás Maduro). Esta suma de Petros equivale a 13,3 millones de dólares.

El caso de El Nacional es un claro ejemplo de “Reporte Fiel de Información”. Esta figura no genera ningún tipo de responsabilidad, según los principios de la libertad de expresión.

Esto es lo que establece el informe dedicado al tema por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1999: “la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona”.

¿Sanciones a quién?

El caso se remonta a 2015, cuando el líder chavista demandó al periódico venezolano luego de que éste reprodujera de forma fiel una noticia del diario español ABC que lo vinculaba, con declaraciones de su exescolta Leamsy Salazar, con negocios de narcotráfico.

Cabello también interpuso en ese momento demandas contra el entonces semanario Tal Cual y el portal digital La Patilla. Sobre estos medios no se han emitido sentencias.

El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió que se adopten sanciones en contra de los jueces y funcionarios responsables por la desproporcionada multa.

“¿Resulta que Diosdado Cabello se va a quedar con el periódico El Nacional de Venezuela? Este asalto a la libertad de expresión amerita sanciones individuales contra los responsables, incluidos los ‘jueces’ de la Corte Suprema que firmaron este adefesio”, sostuvo Vivanco.

Lamentablemente la respuesta, a la pregunta que formula Vivanco, es sí. Diosdado Cabello se quedará con el edificio de El Nacional.

Este artículo fue previamente publicado en El Estímulo


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