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Los resultados de la encuesta ENOBU 2021 develaron una significativa experiencia de desinformación dentro de la comunidad estudiantil que ha reducido sus espacios naturales de participación y su capacidad de incidir en el devenir universitario y de la sociedad en general.

La desinformación y la reducción de espacios de participación en el entorno universitario han causado un progresivo proceso de inhabilitación política del movimiento estudiantil venezolano, con las consecuencias que esto trae en la formación de un nuevo ciudadano competente para promover los cambios que el país requiere de cara a una sociedad más democrática y justa.

Esto es parte de los datos que tiene la más reciente encuesta realizada por el Observatorio de Universidades (OBU), denominada Encuesta sobre Participación y Derechos Estudiantiles en Venezuela (ENOBU 2021), aplicada a 1.197 estudiantes (709 mujeres y 479 hombres), de 36 instituciones de educación superior (IES) ubicadas en 23 entidades agrupadas en (05) regiones: Capital, Central, Guayana, Nororiental y Occidental.  

El estudio, que tuvo por objetivo “analizar las condiciones para el ejercicio de los derechos sociales, económicos, políticos y civiles de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (IES) en Venezuela”, develó una significativa experiencia de desinformación dentro de la comunidad estudiantil que ha reducido, en consecuencia, sus espacios naturales de participación y su capacidad de incidir en el devenir universitario y de la sociedad en general.

Las cifras de la encuesta describen que 71 % del estudiantado desconoce o sabe muy poco sobre los resultados de las asambleas de Facultad, de Decanato o Escuela de sus respectivas universidades y casi 60 % o más sabe poco o nada de lo que sucede en el Consejo Universitario, de Facultad o de Escuela, mediante las vías ordinarias de información de esas instancias.

Dice el informe de la ENOBU 2021 que apenas entre 40 % y 50 % de los estudiantes se consideran informados por la Federación de Centros Universitarios (FCU) y por sus respectivos centros de estudiantes, aunque resalta que la desinformación por parte de las fuentes y entes estudiantiles naturales puede alcanzar hasta 90 % en las instituciones de educación superior “controladas por el gobierno”.

Entre las fuentes a las que tienden a recurrir para informarse de los asuntos relacionados con el acontecer universitario, menos de la mitad de la población de estudiantes apela principalmente a las redes sociales de sus líderes estudiantiles (50 %), de sus movimientos y organizaciones naturales (45 %) y las de la institución de educación superior a la que pertenecen (44 %), con predominio de uso de sus cuentas en Facebook (42 %) e Instagram (69 %).

No es por causa de la COVID-19

Para la profesora Yelena Salazar, coordinadora del OBU e integrante del Laboratorio de Desarrollo Humano (LADESHU) se trata de un proceso que aunque se ha agravado con la pandemia de la COVID-19, no tiene su origen en las restricciones producidas por la llegada del coronavirus, y que viene experimentándose desde mucho antes de 2020. 

En un esbozo general de las causas de este panorama, la profesora Salazar precisó que el deterioro progresivo de algunas providencias universitarias venía observándose,  aproximadamente, desde 2016.

Detalló el caso de la desaparición paulatina de ofertas para becas universitarias, por ejemplo, ahora sólo mediadas por entidades externas como la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho; el funcionamiento de los comedores venía quedando reducido casi por completo o fueron perdiendo autonomía de funcionamiento y proveeduría de alimentos, como las proteínas que llegaban directamente desde entidades centrales nacionales, fraccionando de esta forma los presupuestos destinados para estos fines.

Además, se venían notando otras precariedades del sector universitario como la drástica reducción del servicio de transporte estudiantil, cuyo mermado presupuesto llevó a la paralización, deterioro e inutilización del parque automotor destinado para ello.

En esta realidad previa deben además considerarse las consecuencias que venían produciendo en la calidad de vida de los venezolanos, y por supuesto de la comunidad universitaria y, en ella, la de los estudiantes, que estaban ya experimentando la emergencia humanitaria compleja.

Se trata de una realidad que antes de 2020 ya se había traducido en una reducción significativa de la población estudiantil, ahora emigrante, y otros teniendo que trabajar extra para vivir y sostener a la familia, mas no para estudiar, entre otros fenómenos que trastocaron sus expectativas y aspiraciones inmediatas. 

De modo que no fue la llegada de la pandemia por la COVID-19 la causante de la debacle de los servicios y otros beneficios estimados en el presupuesto universitario para atender las necesidades de los estudiantes y otras instancias y comunidades incluidas en la actividad operacional y académica de las IES.

En este sentido, juegan un papel más determinante los procesos de centralización presupuestaria y las ejecutivas, que ahora sacaron de la ecuación del devenir universitario y de la administración autónoma muchas actividades, beneficios, servicios y oportunidades de participación que ahora dependen directamente de entidades externas nacionales centralizadas y fuera del alcance del accionar y acceso de los integrantes de la comunidad universitaria, incluidos los estudiantes entre los excluidos de estas dinámicas. 

A mayor desinformación, menor participación e incidencia

La antigua comunidad estudiantil, activa, participativa y determinante en muchas de las previsiones y definiciones del acontecer académico y estructural universitario está muy lejos de ser la fuerza que una vez participó de la construcción del país en el cual hoy vivimos.

El sector estudiantil universitario es uno de los movimientos sociales que ha tenido históricamente mayor incidencia y presencia en la vida ciudadana de Venezuela. Desde la generación del 28 ha participado de diferentes hitos del proceso de democratización en nuestra historia, al entender de la profesora Yelena Salazar.

Opina, a la luz de los resultados de la ENOBU 2021, que en la actualidad el movimiento estudiantil universitario enfrenta uno de los retos más adversos de la historia universitaria venezolana, porque ahora, reducido como está, se encuentra intentando participar y gestionar en un contexto y entorno adverso marcado por la desinformación.

El Gobierno dejó de cumplir casi en su totalidad la asignación y distribución de las providencias estudiantiles, los procesos de ejecución y de toma de decisiones han salido del entorno universitario hacia los entes ministeriales centralizados, y la historia reciente ha descrito que el movimiento estudiantil ha tenido que hacerse sentir, por ejemplo, participando en la mayoría de las acciones de protesta que se registran en el país. 

Aquel sistema realmente inclusivo, que no consiste solamente en la oferta discrecional y abierta de cupos a los aspirantes a una carrera universitaria, ha venido desapareciendo, si es que ya no existe en esencia, pues la optimización y democratización del sector supone además la garantía de condiciones complementarias que le permitan al estudiante asegurarse la prosecución y el logro de la meta estimada de egreso como un profesional con expectativas en el mercado laboral nacional e internacional.

El sistema de educación en Venezuela dio en tiempos anteriores muchas oportunidades, pues muchos estudiantes se beneficiaron del transporte, del comedor, de la beca, para poder comer, darse residencia, movilizarse y estudiar, recordó Yelena Salazar.

Pero en la medida que esto se fue deteriorando, tuvieron que intentar la gestión de transporte, alimentos, pero no esta vez participando de la toma de decisiones sino obligados a involucrarse en los procesos, desviando, distrayendo sus intereses y su tiempo en actividades que luego fueron feneciendo, dejándolos casi totalmente excluidos de los espacios de participación naturales en los que antes marcaban la pauta.   

“Cuando la institución universitaria va perdiendo la autonomía, también vas perdiendo las instancias y oportunidades de participación interna”, dice Salazar, pues si en este contexto se desconoce al estudiante como un actor político-social válido y necesario para la consolidación de los acuerdos democráticos, se reducen entonces significativamente sus espacios de participación y realización ciudadana.   

Pero, ¿cómo afecta la situación actual de desinformación en la comunidad del movimiento estudiantil universitario venezolano en cuanto a su formación ciudadana?

En la opinión experta de la coordinadora del OBU, el actual contexto de desinformación debilita el potencial ciudadano de la generación universitaria de tres formas diferentes: 

1.- Reduce de la capacidad de identificar y recurrir a las herramientas necesarias para instrumentar espacios de incidencia y participación para promover cambios en la vida universitaria y en la sociedad.

2. Distorsiona la “brújula” ciudadana, que le permite a los jóvenes desarrollar la capacidad de juzgar los hechos, como mecanismo adecuado para promover el ejercicio y respeto de los derechos ciudadanos y asegurar el bienestar de los individuos en una sociedad, lo cual debe además ser garantizado por el Estado.

3.- Perjudica la concreción de garantías de protección social, dada la alta cantidad de privaciones y la baja o nula oportunidad de participación de los protagonistas y actores fundamentales del acontecer diario en la toma de decisiones informada sobre la mejora de servicios, beneficios y otros factores conducentes a desarrollar calidad de vida.

Recordó la profesora Salazar que la universidad venezolana ha sido históricamente responsable de la formación profesional y de la formación ciudadana de sus egresados, lo cual le ha permitido entregar a la sociedad ciudadanos capaces y con criterios para la toma de decisiones pertinente, basada en el análisis adecuado de la realidad.

Por lo tanto, las dinámicas de desinformación tanto en el país como a lo interno del entorno universitario producen en cambio un ciudadano con capacidades limitadas, que tiene ahora su origen en la inhabilitación política de los estudiantes universitarios; es decir, de su dimensión político-ciudadana, toda vez que la desinformación afecta directamente los procesos ciudadanos.

Foto cortesía del portal Un nuevo día


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