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La información es vital, no exageramos en esta para nada pretenciosa afirmación. El trabajo de los medios de comunicación y periodistas, el acceso a la información pública, la obligación de los gobiernos de no entorpecer al acceso ella, y más bien crear las condiciones para su pleno ejercicio; y la rendición de las cuentas públicas por parte de los funcionarios son parte del territorio que abarca este derecho. En condiciones de normalidad es fundamental, pero cobra una importancia capital en situaciones como las que vivimos debido a la pandemia del coronavirus.

Debido a esa importancia es que el derecho a la información conserva sus fueros, junto a otros derechos fundamentales, aunque se declare el estado de alarma que provoca medidas excepcionales y suspende la garantía de ejercicio de algunas libertades. El derecho a informar, a ser informado, a buscar y difundir datos, conocimientos, saberes no se suspende, tampoco se suspende la obligación de los gobiernos de rendir cuentas públicas y de satisfacer el acceso a la información en su poder, sencillamente porque, por defecto, es pública.  

En emergencias como la generada por la COVID-19, la información actúa en contra de la desinformación que puede convertirse en factor de vida o muerte. Por eso se entiende el valor de actuar en asociación entre los que saben, los que deciden y los afectados, esto es, actúan en conjunción la ciencia, las autoridades y la gente. Es lo que la Organización Mundial de la Salud denomina comunicación de riesgos, y es también un recurso con el que lastimosamente no contamos en Venezuela.

En este papel de trabajo presentamos, a grandes rasgos, el comportamiento del Gobierno, el cual decidió trabajar en círculo cerrado con sus más cercanos. Tanto la gestión de la crisis como la información que ella produce son un monopolio absoluto del equipo de Nicolás Maduro. Esa forma de gestionar se manifiesta no sólo en la vocería concentrada en el trío formado por él mismo y por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez; también se manifiesta en la práctica de las pruebas de diagnóstico de la enfermedad, sobre todo de la PCR que es la prueba confiable que avala la OMS. Para blindarse se activa el equipo policial y militar que reprime y castiga, pero que pocas garantías de resguardo brinda, por ejemplo, en las fronteras del país. 

El inventario que hacemos se concentra en los aspectos informativos (y de desinformación que promueve el mismo Gobierno) de la gestión de esta crisis. Estamos claros que el estado de alarma suspende algunas libertades pero no suspende las necesidades y las dificultades que se tienen que sortear en el país desde antes de la pandemia. Hablamos de: el deficitario servicio de salud pública, el inexistente valor de la moneda nacional, el intermitente servicio de agua, de gas, de gasolina, de electricidad; todos afectan la calidad de vida de las personas. Además de la represión selectiva contra aquellos que disienten, contra los que protestan por las deficiencias, etc. El rosario de sufrimientos de los enfermos dependientes de tratamientos, tales como los pacientes de diálisis, o los de VIH.

A esas condiciones no escapa el derecho a la información, que, sin luz y sin la conectividad digital, deja a muchos sin acceso a variadas fuentes para obtener noticias y datos distintos a la tendencia oficial. Ahora se agrava la posibilidad de contar con detalles importantes sobre la COVID-19, o acceder a referencias veraces acerca de los recursos que se tienen para atender la calamidad que representa el virus en el país.

Acá mostramos parte del discurso oficial que desinforma y exponemos algunos elementos que forman parte de la información pública pero que el Gobierno oculta o las presenta en tono de secreteo por temor a ser saboteado por el imperio norteamericano. Hablamos de gastos y recursos de los que no se ofrece la más mínima información, de gestiones de la pandemia que merecen ser preguntados y repreguntados por periodistas para crear los contextos necesarios que permitan a las personas la toma de decisiones responsable. 

Es justo en este momento en que la materia prima de las sociedades plurales, el acceso a la información, se convierte en un hecho importante y vital. Precisamente  porque estamos en una situación excepcional que restringe la movilidad, la posibilidad de reunirse físicamente, de tener actividades de esparcimiento y distracción, de ir a las universidades, colegios y escuelas, de acceder a los servicios básicos, que veta el derecho a la protesta.  

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