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Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ha dado una respuesta ejemplar. Se trata de las medidas expeditas y contundentes que esperaríamos sean lo habitual y no la excepción, en medio de la creciente violencia que se registra en el país a manos de efectivos policiales y militares.

Saab informó el 25 de agosto, a través de las redes sociales, que la fiscalía general había imputado a dos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por el asesinato del comunicador popular Andrés Eloy Nieves Zacarías y de Víctor Torres, hijo del director del canal comunitario Guacamaya TV, en Cabimas, estado Zulia.

El asesinato de Nieves y Torres tuvo lugar el 21 de agosto. Las FAES quisieron mostrar que había ocurrido un enfrentamiento, incluso familiares de las víctimas denunciaron que a los cuerpos se le “sembraron” armas para simular algo distinto a lo que había ocurrido. En verdad estamos en presencia de una ejecución extrajudicial.

No es correcto que medios y periodistas sigan hablando de ajusticiamiento, en casos de este tipo, porque no hay justicia de ningún modo cuando, un funcionario termina quitándole la vida a otra persona.

Lo ocurrido en este medio de comunicación comunitario es moneda corriente en tierras zulianas. Un reciente informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) da cuenta de que sólo en el primer semestre de 2020 han muerto a manos de uniformados un total de 377 personas en dicha entidad. Pese a que se recurre a la versión de que hubo enfrentamientos, no hay reportes de efectivos heridos o muertos en estos hechos.

Casi en su totalidad estas muertes, como tantas otras, quedarán impunes. No habrá ni investigaciones expeditas, ni decisiones contundentes, y mucho menos habrá detenciones de integrantes de cuerpos policiales o militares. Para la gran mayoría de los casos, en verdad, no habrá una respuesta ejemplar.

El caso de los dos jóvenes comunicadores de Cabimas llegó a la palestra debido a la presión de entes vinculados a la libertad de expresión. La presión, interna e internacional, junto a la valiente denuncia hecha por familiares de las víctimas, terminaron presionando para que en un caso, apenas uno entre centenares, se produjera la respuesta institucional correcta.

Los oficiales de las FAES José Contreras y Néstor Olano fueron imputados por los delitos de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible y violación de domicilio por parte de funcionario público. Ambos fueron quienes dispararon a quemarropa contra Nieves y Torres. Según el propio Saab, las víctimas estuvieron sentadas o arrodilladas.

Un total de 9 funcionarios públicos están involucrados en este suceso. La decisión de dar una respuesta ejemplar incluso alcanzó a personal de más alto rango en la zona. Saab señaló al supervisor jefe adjunto Freddy Rafael Deroy Ramírez y al comisionado agregado Deivid Miguel Guerrero Moreno, ambos de las FAES Zulia, por avalar “las actuaciones delictivas de los autores materiales de los hechos”.

La fiscalía general incluso cargó contra una de sus funcionarias. Jackbe de los Ángeles Galbán fue separada de su cargo y es acusada de encubrimiento.

El suceso ocurrido, que enluta a este medio de comunicación comunitario, Guacamaya TV, fue rápidamente condenado por entidades como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa.

“Condeno el brutal asesinato de los periodistas Andrés Nieves y Víctor Torres. El Estado es responsable de investigar y establecer la autoría de estos crímenes”, sostuvo Edison Lanza, relator de la CIDH.

En los últimos años, la CIDH ha dejado en claro que el asesinato de periodistas es una “brutal forma” de cercenar la libertad de expresión. Este caso, ocurrido en Cabimas, desde Guacamaya TV se hicieron denuncias que molestaron a los efectivos de las FAES. En el fondo se les quería acallar.

Este artículo fue previamente publicado en Efecto Cocuyo


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