A 20 años del 11 de abril de 2002

La crisis de abril representó un clímax, en el cual la sociedad pasó del estruendo al silencio informativo, y en medio del mismo se vieron afectados los derechos ciudadanos en esta materia.

En este 2022 se cumplen 20 años del golpe de Estado y restitución en el poder de Hugo Chávez. Aquel abril de hace dos décadas fue sin duda un punto de inflexión para Venezuela. Evento parteaguas en la vida nacional, el país pasó a vivir un antes y un después de aquellos sucesos de 2002.

En nuestro caso, aquel punto de inflexión para la sociedad y las instituciones representó también una suerte de prueba de fuego profesional. Habíamos participado en un proceso de formación que se desarrolló en el país en el año 2000, gracias a una sinergia entre la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que formó a periodistas, jueces y fiscales en materia de libertad de expresión e información.

Tras aquel programa que se desarrolló durante varios meses de 2000 y 2001, y en respuesta a lo ocurrido en abril de 2002, produjimos nuestro primer informe especializado, haciendo una lectura de lo acontecido bajo el prisma de la libertad de expresión e información. Ona Flores, Luisa Torrealba y Germán Rodríguez me asistieron en una investigación que fue posible gracias al respaldo que nos brindó Ligia Bolívar, entonces directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

“Entre el estruendo y el silencio. La crisis de abril y el derecho a la libertad de expresión e información”, se tituló aquel documento que se puede descargar en este link. En este artículo, y a propósito de que se cumplen 20 años de aquellos sucesos, repasaré los aspectos principales de nuestro estudio.

Si bien puede identificarse la crisis de abril de 2002 con fechas precisas entre los días 8 y 14, diversos analistas coinciden en que el clima político venezolano venía “calentándose” desde el paro empresarial del 10 de diciembre de 2001. La agudización de factores políticos, como una creciente polarización, tuvieron su reflejo en lo informativo, con lo cual se afectó seriamente a la sociedad venezolana.

En la vertiginosa secuencia de sucesos que rodearon a la crisis institucional del mes de abril, estuvieron presentes hechos de diversa índole relacionados con la temática específica del derecho a la libertad de expresión e información.

La crisis de abril representó un clímax, en el cual la sociedad pasó del estruendo al silencio informativo, y en medio del mismo se vieron afectados los derechos ciudadanos en esta materia.

Tras un trabajo de documentación que se asentó en revisión de prensa escrita, producciones audiovisuales y digitales, entrevistas personales y estudio de documentos de organismos internacionales, logramos sintetizar lo sucedido en este conjunto de hechos, siempre bajo el prisma de la libertad de expresión e información.

Días 8 y 9 de abril:

  • Utilización reiterada de las cadenas de radio y televisión por parte del Poder Ejecutivo para difundir información y posiciones contrarias al paro.
  • Interrupción de la programación regular de las televisoras privadas de alcance nacional para transmitir, ininterrumpidamente, información favorable al paro y contra el gobierno.
  • Transmisión ininterrumpida en la televisora del Estado de posiciones contrarias al paro y a favor del gobierno a partir del 8 de abril.
  • División de las pantallas por parte de las televisoras privadas al momento de difundir las cadenas nacionales

Días 12-14 de abril:

  • Allanamientos a medios de comunicación comunitarios identificados con el proyecto político del presidente Chávez, así como de la agencia estatal Venpres.
  • Cobertura amplia, por parte de los medios de los acontecimientos en contra del gobierno de Chávez, sin hacer un cuestionamiento de los mismos.
  • Autocensura informativa de las televisoras y emisoras radiales el 12 y 13 de abril.
  • No circulación de la prensa nacional el domingo 14 de abril con excepción del diario Últimas Noticias.
  • Agresiones contra periodistas y fotógrafos y hostigamiento a medios de comunicación.

El marco normativo internacional, que, al haber sido ratificado por Venezuela, según la Constitución de 1999, adquierió rango constitucional, ha coincidido en establecer que la libertad de expresión es un derecho de doble vía, pues comprende el derecho “de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas”. En aquel informe insistimos en esta arista dado que la crisis de abril de 2002 simbolizó el antagonismo comunicacional y dejó de lado el rol que Estado y medios privados debían cumplir de cara a la ciudadanía.

Si bien el derecho a la libertad de expresión se suele ver sólo desde su dimensión individual, que sirve de sustento a otra serie de derechos políticos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva Nro. 5, de 1985, precisó un marco social y ciudadano sobre este derecho y ello es de significativa relevancia cuando se vuelve sobre abril de 2002. La Corte estableció que si bien “la libertad de expresión representa un derecho de cada individuo (…) implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.

En un contexto en el cual los medios masivos de comunicación han tomado una importancia capital para el desarrollo de la vida democrática en nuestras sociedades, la Corte también precisó que “para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia”.

La gran mayoría de las recomendaciones que hicimos hace 20 años en este informe siguen vigentes, lamentablemente, y, peor aún, sin respuesta.