La desinformación es un fenómeno que, aunque igualmente tiene un efecto descontextualizante e inhabilitante sobre los individuos de cualquier sociedad en la que se exprese, ha mostrado una cara particularmente atroz en Venezuela durante las últimas dos décadas.
Sí. Es cierto que en nuestro país la censura y otras formas de violación del derecho ciudadano a la libertad de expresión, como la libertad de información, tienen en Venezuela hitos reseñables que la describen como una desviación de vieja existencia y práctica ejercida desde el poder del Estado.
Sin embargo, el modo profuso, continuado y, a veces, precipitado como se ha venido mostrando más recientemente esta política de afectación del régimen de libertades individuales y colectivas de los ciudadanos, en materia de información, no solo ha puesto a prueba la disposición y capacidad de los medios de comunicación y periodistas, sino también la creatividad y valía de los usuarios para tratar de informarse a través de sus redes y comunidades, sin salir lesionados en el intento.
Ya a principios de este año 2021, la profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luisa Torrealba Mesa, advertía que acciones de “hostigamientos, detenciones arbitrarias, censura y dificultades a la cobertura informativa prevalecieron como principales restricciones al derecho a la libertad de expresión durante 2020”.
Concluyó además Torrealba en su informe que “Quienes ejercen el poder llevan a cabo una política implícita, recurrente, de empleo de mecanismos cada vez más sofisticados para intentar silenciar la crítica”.
Revisa el tema Ana Julia Niño (2021), también investigadora de la UCV, pero haciendo énfasis en los usuarios, sobre quienes dice apunta igualmente la política hegemónica de la comunicación y de entorpecimiento del libre derecho individual a informarse. “Muchas de sus acciones desinformativas no apuntan a convencer, sino a llenar de ruido los canales de comunicación, para fomentar la desconfianza, lo que alimenta la frustración ciudadana”.
Sin embargo, resulta particularmente descriptivo el más reciente informe, producido en dos volúmenes, de la organización dedicada a la promoción y el fortalecimiento de la creación de redes sociales humanas para la promoción y defensa de los derechos humanos en una sociedad democrática, RedesAyuda, en el que expone y detalla de forma organizada las evidencias de las prácticas que el Estado venezolano realiza para de forma sistemática obstaculizar libertades ciudadanas de información y expresión.
En la primera entrega de su informe denominado Voces Confinadas, “RedesAyuda inició este estudio en el que expone los casos ocurridos en el transcurso del año 2020, sobre las vulneraciones que enfrentaron los trabajadores de la prensa, las cuales evidenciaron la censura como herramienta del régimen para restringir el libre ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información veraz de los venezolanos”.
El documento que pretende, según reseña, constituirse en “una herramienta de documentación, denuncia y difusión sobre los sucesos que atentaron en contra de los trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus labores informativas”, documenta un total de 167 casos de “violaciones al trabajo periodístico”, a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información, que afectaron, al menos, a 208 trabajadores de la prensa mientras realizaban sus labores informativas.
Concluye RedesAyuda en este primer aparte de su informe, que pese al esfuerzo extraordinario de medios y periodistas en la procura de mantener informada a la ciudadanía en un contexto económico deprimido y adverso, con limitaciones reales en materia de servicios públicos y los rigores de confinamiento y restricciones a partir de la pandemia de la COVID-19, “el mismo fue entorpecido y obstaculizado por distintos entes afiliados al régimen venezolano”.
Podría decirse que se trata de una “guerra asimétrica” por los espacios u oportunidades de información en la que los medios de comunicación y sus principales actores llevan la de perder, cuando lo que se evidencia es un modus operandi marcado por la “violencia, agresiones y restricciones que enfrentaron los trabajadores de la prensa, siendo sus principales agresores cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores de empresas estatales, civiles pertenecientes a grupos irregulares armados”, entre otros.
Quizás queda en evidencia también el papel heroico de los trabajadores de los medios, cuando nos encontramos con el rosario de acciones destinadas a obstaculizar o impedir la mediación periodística, mediante acciones institucionales y no institucionalmente instrumentadas por las entidades del Estado o en su nombre, como borrar temerariamente el material ya documentado y obstaculizaciones para acceder o trasladarse hacia el lugar de los hechos; además, la violación del derecho al debido proceso, al libre tránsito y al acceso a servicios públicos, hostigamientos, amenazas, agresiones físicas y verbales, detenciones arbitrarias e, incluso, intentos de secuestro.
En la segunda entrega de Voces Confinadas, RedesAyuda amplía su alcance al mostrar los resultados de este estudio en cuanto análisis de una lista de casos ocurridos durante el año 2020, vinculados a la vulneración de la libertad de expresión en el espacio digital y del derecho al libre acceso a la Internet, como consecuencia de situaciones, acciones y políticas instrumentadas por instancias de gobierno o afines.
Esta versión del informe busca “evidenciar la censura sistemática en Internet que existe en Venezuela, al igual que los mecanismos que emplea el régimen para restringir cada vez más los espacios de comunicación y organización de los ciudadanos”.
Además de las limitaciones y consecuencias en materia de información causadas por la desidia gubernamental en cuanto a la promoción, oferta y aseguramiento de servicios públicos suficientes, permanentes y de calidad, el Gobierno “continúa aumentando sus esfuerzos para controlar las plataformas digitales en Venezuela”.
Un aspecto trágico develado con informes como este de RedesAyuda es que la sociedad civil, en tanto objeto y fuente de información, también sufre a propia piel los rigores de la desinformación intencionada, del control pretendido sobre el flujo de comunicaciones personales y digitales, además de las consecuencias jurídicas y penales, judiciales y extrajudiciales de ejercer el derecho que le asiste a estar informado desde fuentes y medios diversos.
Solo en 2020 se registraron 127 casos documentados que evidenciaron la continua censura a la sociedad civil en diversos espacios de Internet en Venezuela. También hubo aumentos significativos en los casos de detenciones e imputaciones (213 % más que en 2019) y en los casos de amenazas y hostigamientos (258 % más que en 2019).
Los mecanismos de obstaculización y censura en la era digital ralentizada evolucionaron en Venezuela al ritmo de las tecnologías de información y comunicación a las que se tiene precario acceso en Venezuela, con la implementación de cuentas trolls y bots “para hostigar y llevar a cabo campañas de difamación en redes sociales contra la disidencia”.
El blackout informativo, que en un principio se expresó en nuestro país con la censura a medios internacionales en las cableras nacionales, el estrangulamiento de medios impresos y radioeléctricos y la aplicación de normas legales y administrativas restrictivas a la libre empresa informativa, ahora se emplea con rigor en el ámbito de internet y las redes sociales digitales. Los casos de bloqueos a sitios web aumentaron 32 % en un año, y persisten los casos de maliciosos ciberataques, no obstante una disminución de 27 % en con respecto al año 2019.
Este escenario restrictivo de pretensiones inhabilitantes al ejercicio de las libertades ciudadanas ciertamente no resulta estimulante; lo que sí se torna esperanzador, desde este detallado ejercicio descriptivo, es el incansable y creativo empeño de medios, periodistas, fuentes y usuarios de seguir participando activamente de la gestión, disposición y difusión de contenidos informativos útiles para la sociedad.
Descarga el informe completo de RedesAyuda AQUÍ
Referencias
INFORME DE REDESAYUDA. VOCES CONFINADAS 1.0. Registro y estudio de los sucesos que vulneraron y restringieron el trabajo periodístico en Venezuela durante el año 2020. RedesAyuda. Disponible: https://redesayuda.org/wp-content/uploads/2021/09/informe1.0-v2.pdf
INFORME DE REDESAYUDA. VOCES CONFINADAS 2.0. Registro y estudio de los sucesos que vulneraron, restringieron y criminalizaron la libertad de expresión y el acceso a la información a través de Internet en Venezuela durante el año 2020. RedesAyuda. Disponible: https://redesayuda.org/wp-content/uploads/2021/09/informe2.0-v2.pdf
Torrealba Mesa, Luisa (2021). Venezuela: hostigamientos, detenciones arbitrarias, censura y dificultades a la cobertura informativa prevalecieron como principales restricciones al derecho a la libertad de expresión durante 2020. Medianálisis. Publicado como Informe sobre libertad de expresión en Venezuela durante 2020.
Disponible: https://www.medianalisis.org/wp-content/uploads/2021/03/LIBERTAD-DE-EXPRESION-EN-VENEZUELA-2020.pdf
Niño, Ana Julia (2021). Contra la censura y la desinformación, más audiencias activas. Medianálisis. Disponible: https://www.medianalisis.org/wp-content/uploads/2021/06/INFORME-DESINFORMACION-AUDIENCIA-VS-CENSURA-POR-ANA-JULIA-NINO-JUNIO-2021.pdf
Fotografía cortesía de La Razón
