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Con la salida de RCTV, la sociedad, y especialmente los sectores más pobres, perdieron una opción informativa y editorial crítica del gobierno, una posibilidad de entretenimiento y, sobre todo, perdieron el control sobre la pantalla de televisión. Andrés Cañizález analiza este evento que partió la historia comunicacional venezolana.

Este 27 de mayo de 2021 se cumplirán catorce años de la salida del aire de RCTV. El 27 de mayo de 2007 dejó de existir RCTV en la señal de la televisión abierta de Venezuela, y de forma simultánea se produjo la aparición de TVES. Difícil no hacer una lectura que parta de estas dos experiencias comunicacionales.

Con la salida de RCTV, la sociedad venezolana, y especialmente los sectores más pobres, perdieron una opción informativa y editorial crítica del gobierno, una posibilidad de entretenimiento y, sobre todo, perdieron el control sobre la pantalla de televisión.

La decisión sobre RCTV, que tuvo enormes costos políticos para el gobierno, a nivel interno e internacional, marca un antes y un después en materia de medios, especialmente radioeléctricos.

A lo largo de los años, entretanto, no se han producido señales de que el gobierno desee bajarle el tono a la confrontación con los medios. La reciente expropiación del edificio sede de El Nacional deja poco lugar a las dudas.

Lo que sí comprendió el chavismo es que el camino para el control no es sacar una señal del aire, como ocurrió con RCTV. Desde entonces, el camino hacia la hegemonía delineada de quien era ministro en 2007, Andrés Izarra, parece explorar otros senderos. Posiblemente Globovisión simbolice en este período el nuevo esquema: se trata de una guerra de baja intensidad, con acciones judiciales, tributarias, vociferantes amenazas y negación de acceso a las fuentes oficiales. No hubo que cerrar Globovisión para torcer su línea editorial. Ocurrió una venta forzada.

Ejercer la crítica pública, una parte sustantiva de la libertad de expresión, provoca disgusto en las autoridades.

El cese de RCTV en la televisión abierta y su exitosa incursión en el cable (hasta enero de 2010), junto al desastre político-comunicacional que ha representado TVES en todos estos años, deja al desnudo la incapacidad que tiene el gobierno venezolano para llevar adelante una propuesta televisiva que se conecte con las mayorías. Es una notable paradoja para una administración que pone un énfasis evidente en lo mediático, y que dice enarbolar las banderas populares.

TVES, por otro lado, ha sido una suerte de estafa. Fue fruto de una maniobra política que urdieron entonces William Lara y Jesse Chacón. Se le ofreció al país un canal de servicio público, con altos niveles de calidad y participación. En realidad, tenemos una experiencia que hasta es menos vista que Venezolana de Televisión (VTV), que nada tiene de servicio público y que en materia informativa lo que hace es reproducir lo que hace VTV. Para lo que sí sirve TVES es para reproducir incesante propaganda oficial. La finalidad, entonces, no era potenciar la televisión de servicio público. Lo importante era silenciar la voz de RCTV y con esa determinación enviar un mensaje al conjunto de medios del país.

El gobierno de Hugo Chávez y luego el de Nicolás Maduro se ha llenado de medios, especialmente televisivos: ViveTV, ANTV, Ávila TV, Telesur (en lo que era la señal de CMT), colocó a TVES en la señal que ocupaba RCTV, repotenció a VTV y Radio Nacional de Venezuela.

¿Cuál es el resultado efectivo de este proceso? Hay menos diversidad, menos pluralidad, pero no ha significado mayores niveles de audiencia, ni siquiera entre aquellos venezolanos que comparten el proyecto político bolivariano. La gente, sencillamente, se ha rebelado ante la imposición mediática gubernamental y opta, en los distintos estratos socioeconómicos, por otras alternativas, distintas a la pantalla roja, rojita. La salida de RCTV de la televisión abierta no se debió a razones legales o para encaminarnos a una televisión de calidad. La decisión debe verse en el marco de una estrategia mayor para consolidar un universo mediático gubernamental, que si bien no logra niveles de audiencia importantes, sí representa pérdidas concretas para la pluralidad, para la diversidad de opciones en la TV de la Venezuela actual.

A todas luces, es un retroceso democrático lo que se vive en la pantalla. Pasamos del control comercial que ejercieron otrora Venevisión y RCTV, antes de la llegada del chavismo al poder, a un control gubernamental, con intenciones de hacerse hegemónico.

Finalmente, el caso de RCTV debe llamarnos la atención en otro aspecto, también menguante en la vida democrática venezolana. Y es un aspecto que ha cobrado relevancia, de nuevo, con el caso de El Nacional.

Es un principio universalmente aceptado, la necesidad de que haya una justicia independiente para que se garantice la igualdad y se eviten los abusos de quienes ejercen el poder. El proceso legal que acompañó a la salida de RCTV de la señal abierta, dejó serias dudas sobre el sistema de justicia. Los distintos recursos que presentó la planta se respondieron, en muchas ocasiones, de forma extemporánea por los tribunales incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia.

La máxima instancia judicial del país, por otro lado, acogió un amparo de personas que intentaban impedir la salida de RCTV, le dieron la vuelta a esos argumentos y los usaron para justificar el nacimiento de TVES. Una cabriola jurídica inaudita. Entretanto, los equipos de RCTV, catorce años después, siguen en una suerte de préstamo forzoso, sin mecanismos legales para lograr su devolución o bien alcanzar una compensación económica por el uso que la señal de TVES hace de los mismos. Una muy clara señal de cómo funciona la justicia en Venezuela.


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