El 27 de mayo se cumplieron 13 años de la última transmisión de RCTV por la señal abierta de televisión en Venezuela. Durante aquel año 2007 denunciamos lo que a todas luces era una decisión de discriminación y castigo a la línea editorial crítica de este canal.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2015 terminó recogiendo en buena medida las preocupaciones y denuncias que diversos activistas, académicos y periodistas manifestamos públicamente.
La decisión de la Corte Interamericana, que es vinculante para Venezuela, estableció que el Estado no estaba obligado a renovar automáticamente la licencia de RCTV. Pero este sí debía otorgarle igualdad de condiciones y no discriminarle. La restitución del estado de derecho en Venezuela tendrá como tarea pendiente revisar el caso de RCTV, sin duda alguna.
Aquella decisión del presidente Hugo Chávez, anunciada el Día de los Santos Inocentes de 2006, y ejecutada el 27 de mayo de 2007, representó un punto de inflexión para el chavismo en materia del derecho a la libertad de expresión e información. El chavismo asimiló el enorme costo político, nacional e internacional, de la decisión. No se retractó, pero aprendió algunas cosas. Acá presentó las que a mi juicio son las tres más significativas
Antes que cerrar un medio es mejor comprarlo. La medida administrativa contra RCTV incluyó muchas interpretaciones. Más allá de las lecturas jurídicas que se le dio al caso, la población vivió la decisión oficial como un cierre del canal. RCTV en ese momento era el canal de televisión más visto en el país y el medio de comunicación con la nómina de personal más alta dentro de Venezuela.
El escándalo que acompañó al chavismo en los meses y años siguientes, el impacto que tuvo el cierre en decisiones de carácter político (como la reforma constitucional) y el acicate que terminó dándole a la oposición, produjeron un aprendizaje en el poder.
Cerrar un medio de comunicación generaba muchos costos en materia de opinión pública, pero estos costos se diluían si un medio era comprado y se torcía su línea editorial, para hacerla más afín al régimen. Silenciar la crítica en Globovisión, por ejemplo, no se dio cerrando ese canal, sino forzando su venta. La seguidilla de venta de medios emblemáticos (El Universal, Cadena Capriles, Notitarde, entre otros) a testaferros en negociaciones opacas (por decir lo menos) no tuvieron para el chavismo un costo político significativo.
Si vas a sancionar a un medio, no lo anuncies con mucha antelación. El caso de RCTV fue emblemático en el manejo del tiempo. Transcurrió casi medio año entre el anuncio y la entrada en vigor de la decisión. Eso le permitió al propio canal, a académicos y activistas de la sociedad civil, a gremios de periodistas y artistas, prepararse, hacer denuncias y movilizaciones. Se creó un clima previo que aumentó el costo político para el gobierno.
Las siguientes acciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), devenida en brazo chavista de la censura, han venido operando de otra forma. Se utiliza un mecanismo siniestro establecido en la Ley de Responsabilidad Social que permite suspender un espacio o a un medio bajo una “medida cautelar” (desvirtuando también está figura), sin que eso esté precedido por un proceso administrativo. Una vez que estás fuera del aire o has sido clausurado se debe comenzar el peregrinaje por el sistema de justicia.
Abusa del poder, los tribunales no te fallan. Con mucha frecuencia escuchamos decir a las autoridades de Conatel que los afectados por una decisión tienen el pleno derecho de apelar y recurrir a la justicia. No es un asunto menor recordar que las decisiones que toma Conatel, por ejemplo, se deben apelar ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Allí, sin embargo, se tienen todas las de perder. De acuerdo con un estadio de la ONG Un Estado de Derecho, entre 2005 y 2013 apenas el 0,75% de las sentencias dictadas por esta instancia fueron a favor de los demandantes. Casi en su totalidad la sala convalida las decisiones gubernamentales.
En el caso de RCTV, conviene no olvidarlo, las antenas e instalaciones del canal en diversos lugares del país fueron incautadas por el Estado y puestas al servicio de Tves. Hasta donde conozco el TSJ nunca se pronunció ante los diversos recursos de presentados por RCTV bien para recuperar sus equipos, bien para lograr una indemnización del Estado. Sencillamente el gobierno los tomó y punto.
Y las historia, en este último aspecto, ha terminado repitiéndose lamentablemente con la decisión express del TSJ, que de facto ha implicado, en mayo de 2020, la confiscación de equipos, así como la toma de instalaciones, del servicio de DIRECTV de televisión por suscripción.
Este articulo fue previamente publicado en la web de Efecto Cocuyo por el periodista Andrés Cañizález
