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Este jueves 4 de junio, en horas de la mañana fue detenida arbitrariamente por  funcionarios de la Guardia Nacional, Carol Romero, productora del circuito radial FM Center.

La periodista  fue detenida en momentos que grababa una discusión entre ciudadanos civiles y funcionarios de la GNB, por irregularidades en el suministro de gasolina  en la estación de servicio ubicada en el KM 7 de la carretera Caracas-El Junquito.

Familiares de Romero indicaron que fue golpeada por funcionarios del cuerpo militar, esposada y trasladada a sede de la institución en el km 12 del mismo sector.

Desde su detención no se conoce el paradero de la colega, por lo que estamos en presencia de una desaparición forzada, la cual está definida por las Naciones Unidas  en la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, estableciendo como nuevo derecho humano en todo el mundo, el derecho a no ser sometido a desaparición forzada.

El artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada: Se entenderá por «desaparición forzada» el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

En los apartados del artículo 1, la Convención establece el nuevo derecho humano absoluto, inviolable bajo ninguna circunstancia de excepción:

1. Nadie será sometido a una desaparición forzada.

2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.

Desde el CNP Caracas hemos venido insistiendo en  que la agresión a periodistas y el  hostigamiento a los medios se ha convertido en una política de estado, representando un grave atentado contra las  libertades de expresión, prensa e información, lo que se traduce en una violación flagrante a los principios democráticos establecidos en la nuestra carta magna.

El gremio periodístico tiene  que cumplir con el deber de mantener al pueblo informado, por ello, más allá de ser un atentado contra las libertades de expresión, información y prensa; es un acto criminal contra los periodistas, quienes ejerciendo su profesión, constantemente somos agredidos por autoridades y grupos civiles afectos al gobierno.

La Carta Democrática Interamericana, sobre el particular señala: “Artículo 4: Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, entre otros, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa».

El   derecho a la libertad de expresión está fuera de toda discusión en la sociedad actual, ya que es factor fundamental indispensable para la existencia de una sociedad democrática, aunque en el caso venezolano no solo es importante la presencia de este derecho sino su efectividad, es decir la garantía de su cumplimiento.

Exigimos la liberación inmediata de Carol Romero. Asimismo, instamos a la comunidad internacional estar atentos por la situación que atraviesa la prensa en Venezuela.

Información con nota de prensa del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas.


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