El crujido de la madera retumba por las noches en las zonas altas del parque nacional Juan Crisóstomo Falcón, ubicado en la sierra de San Luis, en el estado Falcón, al noroccidente de Venezuela. Esta reserva natural abarca un área de 20.000 hectáreas protegidas, pero amenazadas por el crecimiento desordenado de la actividad agropecuaria. Aunque las autoridades no disponen de una estimación exacta de cuántas de ellas han sido destruidas por la tala y la quema, las cicatrices grises sobre el relieve montañoso evidencian una crisis ambiental en plena expansión.
Dos sectores concentran la mayor gravedad de la degradación: San Lorenzo y Curimagua, señaladas formalmente como las áreas más afectadas por la tala y la quema indiscriminada, según señalan fuentes del Ministerio de Ecosocialismo en la entidad.
Las quemas son ejecutadas por los mismos productores agropecuarios locales, quienes aprovechan la llegada de la temporada de verano. A pesar de los esfuerzos de funcionarios del Instituto Nacional de Parques (Inparques) para prevenir la crisis, la respuesta comunitaria sigue siendo esquiva.
“Vamos a hablar claro, aquí necesitamos comer, dependemos del maíz y las caraotas, por eso tenemos que preparar los conucos”, dijo Joaquina, madre de tres niños, quien todos los días va a ver el progreso de su siembra.
El mito de la tierra quemada
Entre algunos productores agropecuarios existe la creencia de que la tierra arrasada por el fuego proporciona una “producción más bonita». Sin embargo, voces expertas señalan que esto es un mito. Un ingeniero agrónomo que prefiere mantenerse en el anonimato explica que el calor extremo causa la muerte de microorganismos benéficos, acelera la erosión, debilita la estructura interna de la tierra y la despoja por completo de los nutrientes esenciales.
«La gente hace caso omiso de eso y tiende a quemar por costumbre (…) No es verdad que la producción sea mejor», recalca el especialista.
En el sector El Tablazo de Curimagua, las recientes siembras de maíz, café, caraotas y naranjas se perdieron como consecuencia de la sequía de la zona. La población afirma que sólo llovió tres veces durante los primeros cinco meses de 2026, lo cual es inusual y mantiene a todos en incertidumbre.
Cedro, pardillo y bucare en la línea de fuego
Dentro de la sierra de Falcón, la pérdida de ejemplares de especies forestales nativas ha encendido las alarmas ante el avance de las quemas y la deforestación. De acuerdo con el ingeniero agrónomo consultado, árboles emblemáticos de la sierra alta, como el cedro (Cedrela odorata) y el pardillo (Cordia thaisiana), se encuentran protegidos bajo una resolución ministerial de veda, pero siguen sufriendo una fuerte presión.
En el caso del cedro, su condición de árbol maderable lo convierte en una de las especies más buscadas por los artesanos.
A esta lista de amenazados se suma el bucare (Erythrina poeppigiana), otra especie clave del bosque que se ve severamente afectada por los incendios provocados. La progresiva desaparición de estos ejemplares, muchos de ellos centenarios, destruye el hábitat de la fauna local y deja el suelo desprotegido, aumentando el riesgo de deslaves -que podrían ser catastróficos- y secando las cabeceras de los ríos.
Nany Borges, habitante de Curimagua y militante política de los movimientos oficialistas, denunció que en los últimos 35 años se han perdido bosques húmedos tropicales y han proliferado los potreros dentro de las zonas protegidas. “Todos estos elementos acabarán con la habitabilidad de los municipios Petit, Sucre y Bolívar”, dijo.
Una amenaza directa al corazón del acuífero
Las talas y quemas están ocurriendo en las zonas altas de la región, las que alimentan el acuífero de Curimagua, conocido localmente como «La Hoya», debido a su estructura en bajada donde se concentran los nacientes de agua. La protección ambiental se centra con especial recelo en las inmediaciones del cerro Galicia, erigido a 1.500 metros sobre el nivel del mar, y sus crestas vecinas de 1.275 metros. Es precisamente en estas cumbres donde se originan los flujos hídricos que descienden hacia Curimagua, la parte más baja del relieve.
A diferencia de las cuencas abiertas, La Hoya de Curimagua es una cuenca endorreica (cerrada). «Toda el agua de lluvia que cae allí se infiltra directamente hacia el acuífero a través de estructuras calcáreas en el suelo llamadas ‘aitonis’. Esto significa que la zona funciona como una gran esponja de recarga para el reservorio subterráneo, considerado uno de los acuíferos más grandes de Latinoamérica”, dijo el ingeniero agrónomo consultado.
Multas irrisorias
La persistencia de estas acciones ilícitas halla su explicación en un severo problema de fiscalización ambiental. Los trabajadores de Inparques actúan únicamente como orientadores comunitarios, sin facultades para aplicar sanciones directas o detenciones al momento de identificar una infracción. Para aplicar medidas severas, el organismo depende de otros cuerpos competentes, como la Guardia Nacional. Sin embargo, el procedimiento legal para procesar un delito ambiental no ofrece respuestas rápidas.
Según fuentes de Inparques, las multas estipuladas en las normas internas del parque son muy bajas, algunas de apenas 1 bolívar, aproximadamente 0,0017 dólares. Lo irrisorio de las cifras provoca que los ciudadanos transgredan las leyes impunemente e ignoren a las autoridades. De acuerdo con los testimonios del personal, los mismos infractores se burlan del procedimiento ofreciendo pagar montos adicionales insignificantes para que les sigan abriendo expedientes, lo que frena cualquier posibilidad de generar verdadera conciencia ambiental.
“Inparques está superdesactualizado, aunque es un ente adscrito al Ministerio de Ecosocialismo. Una multa del Ministerio va desde los 300 dólares en adelante, dependiendo del daño, pero de Inparques no (…) la Ley Penal del Ambiente te habla de unidades tributarias, pero Inparques no se ha actualizado”, explicó una funcionaria de la institución.
Si no se frena el crecimiento descontrolado de la frontera agrícola y no se educa a las comunidades hacia prácticas de conservación y sistemas agroforestales sustentables, el oasis de la sierra de Falcón terminará convirtiéndose en un recuerdo evaporado, transformando el verde de la vida en un desierto gris. Los habitantes exigen que la zona sea declarada en crisis ambiental.
