El derecho a la comunicación, en su sentido amplio, incluye la libertad de las personas de expresar ideas y pensamientos de toda índole y ofrecer garantías a todas las personas para buscar, recibir y difundir información y el tener acceso a los medios, canales y tecnologías que permitan y faciliten los actos de comunicación e interacción.
Siendo la comunicación un derecho humano, los Estados son responsables de ofrecer garantías, para que las personas puedan ejercerlo. El acceso a bienes y servicios culturales que permitan a los ciudadanos el desarrollo de su personalidad, formarse sus propias opiniones y participar en la vida pública es fundamental. El acceso a sistemas de telecomunicaciones también es importante.
Pero no basta con que se ofrezcan servicios de telecomunicaciones. Estos deben reunir estándares mínimos de calidad, que garanticen su óptimo funcionamiento. También es importante que se garantice el mantenimiento y adecuación de la infraestructura de telecomunicaciones y que se procurare el acceso universal a las mismas.
En el caso venezolano, el sector telecomunicaciones ha sido arropado por la severa crisis política, social y económica que afecta a Venezuela. La falta de mantenimiento en la infraestructura y el control de precios que impiden que las empresas operadoras puedan reinvertir en la actualización tecnológica, ha lesionado al sector, ubicando a Venezuela en los últimos lugares de los índices internacionales que miden condiciones de respeto a las libertades y derechos humanos e indicadores de desarrollo.
Junto a la crisis, la opacidad estatal sobre el sector ha impedido tener información actualizada, que sirva de base para diagnósticos exhaustivos y diseño de políticas públicas que permitan atender y buscar soluciones de fondo a los problemas.
Apenas en septiembre de 2020 la gubernamental Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) hizo públicas las estadísticas del sector telecomunicaciones, correspondientes al año 2019. Los datos publicados reflejan una agudización de la recesión que afecta al sector, desde el año 2013. En las siguientes líneas revisamos y analizamos estos indicadores.
Para seguir leyendo el trabajo de Luisa Torrealba haz click en «descarga»
