La pandemia de COVID-19 ha sido usada por diversos gobiernos para restringir derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la libre expresión e información. De acuerdo con el informe Periodismo, libertad de prensa y COVID-19, de la UNESCO, en todo el planeta la libertad de expresión y el acceso a la información se han visto amenazados.
En el documento de la UNESCO se reflejan casos y ejemplos de las limitaciones utilizadas. Una coartada usada ha sido promover leyes en teoría para combatir la desinformación, pero que en realidad sirven para criminalizar el trabajo periodístico. A su vez, el acceso a la información se ha visto afectado por restricciones para solicitar información y el acceso a Internet, que ya era un obstáculo para algunos países.
En América Latina, con Venezuela como país problemático (entre otros), los ataques y las agresiones han sido los hechos con mayor incidencia. Esto según un estudio elaborado por Voces del Sur, un proyecto regional que agrupa a 11 organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión.
En el primer semestre de este 2020, en coincidencia con la pandemia global de COVID-19, la alianza de organizaciones contabilizó 630 ataques a la prensa en 11 países de América Latina. El documento se titula “182 días de contrastes”.
Los datos venezolanos han sido presentados por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una entidad de la cual en 2002 nos honramos con participar en su fundación en el país, entonces con como el capítulo local de IPYS Perú.
La verdad en cuarentena, el título del reporte del IPYS Venezuela, señala que, si bien las agresiones y limitaciones a la prensa se venían presentando desde antes de la cuarentena, a partir del 13 de marzo (cuando se decreta el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 por parte del gobierno de Nicolás Maduro), empezaron a aumentar los incidentes.
De los 630 ataques a la prensa registrados en un total de 11 países, prácticamente un tercio tuvo lugar en Venezuela. Yhoger Contreras, coordinador del equipo de libertades informativas de IPYS Venezuela, señaló que en la organización registraron 202 casos: “En estos 202 casos en los que están contenidas más de 320 violaciones a los derechos informativos de trabajadores de prensa y medios de comunicación”.
La diferencia entre una cifra y otra es que en un caso pueden registrarse varias violaciones. Por ejemplo, un periodista es golpeado y se le arrebata su cámara para borrar las imágenes o grabaciones. Se trata de un solo caso con varias violaciones.
Venezuela ya viene con un historial de violencia verbal y física contra medios de comunicación y periodistas. Desde que se establecieron las metodologías de seguimiento, en 2002, una tarea en la cual participamos directamente, ha sido una constante el clima restrictivo en el país. Es realmente una estampa del siglo pasado cuando portar visiblemente un carnet de periodista era una suerte de manto de protección en las calles de Venezuela.
En un semestre de la pandemia de COVID-19, en Venezuela el IPYS ha contabilizado 43 agresiones vinculadas directamente con la cobertura periodística de la pandemia.
Asimismo, en este período se registraron 40 detenciones arbitrarias, de las cuales una cuarta parte (25 %) estuvieron vinculadas con la cobertura de la COVID-19. Para el IPYS, en medio de esta pandemia resultaron simbólicas las detenciones de Darvinson Rojas y Nicmer Evans.
El contexto venezolano, que tantos pronunciamientos ha generado en Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también es motivo de preocupación en el tema que hemos comentado en este texto.
Bachelet alertó que la pandemia no puede ser una excusa para atacar a los periodistas y recordó que la prensa libre es esencial, especialmente, durante la pandemia.
“Algunos estados han utilizado el brote del nuevo coronavirus como pretexto para restringir la información y sofocar las críticas”, señaló la comisionada. Así, tal como ella advierte, ha sucedido en Venezuela.
Este artículo fue previamente publicado en Efecto Cocuyo
