Se advierte un progresivo deterioro del ecosistema informativo local, estimulado por el letal impacto de un severo control cambiario, la hiperinflación, múltiples controles tributarios, la escasez de insumos para periódicos, radios y estaciones de TV, que han convertido al país en un espacio sin la difusión natural de las noticias
Si alguna palabra define con precisa exactitud la situación de los medios de comunicación en Venezuela – y la de los periodistas muy en especial- esa palabra es incertidumbre. No sabemos exactamente qué sucederá con los pocos diarios y espacios de difusión de noticias que aún sobreviven venciendo heroicas luchas contra el silencio y la censura. Menos aún, se puede vislumbrar en el futuro inmediato lo que sucederá con los infatigables reporteros venezolanos, quienes a diario defienden un oficio condenado a desaparecer por el régimen y su corrosiva intolerancia.
La Venezuela de este momento es una sociedad brutalmente silenciada y censurada. Recién conocemos la suerte del Diario de Carora, el último periódico venezolano que anuncia con una solemnidad fúnebre la paralización de su rotativa y su migración al formato digital. Podría pensarse que el evento forma parte de la evolución natural de las comunicaciones, pero con un servicio de internet cada día más precario 56% de los medios impresos del país no poseen una versión digital de sus ediciones. Caminamos hacia la misma oscuridad que caracterizo al siglo 18 venezolano.
En números redondos, los gremios de periodistas, así como las ONG que se ocupan de velar la situación y permanencia de los medios de comunicación en Venezuela, advierten que en los últimos 5 años una cifra superior al centenar de medios desapareció en acción. En por lo menos 10 estados del país apenas se cuenta con un medio de comunicación, y en otras regiones, no existe ninguno, como son los casos de Amazonas, Delta Amacuro y Falcón. En Maracaibo, la emisora Aventura FM fue cerrada por Conatel el pasado 22 de enero.
Se advierte un progresivo deterioro del ecosistema informativo local, estimulado por el letal impacto de un severo control cambiario, una hiperinflación fuera de control, la escasez de papel e insumos para los periódicos, múltiples controles tributarios sobre radios y estaciones de TV, elementos todos los cuales han convertido al país, en un espacio donde no hay lugar para la difusión natural de las noticias. Bajo estas circunstancias la hegemonía comunicacional y la censura avanzan en la misma proporción que se consolida la destrucción del sector comunicacional.
En Venezuela, al igual que en muchos países de América Latina, existen las denominadas “zonas silenciadas”. Son áreas geográficas controladas por poderes totalitarios y excluyentes donde no existen medios independientes, noticieros, ni espacios de intercambio de información de interés para el ciudadano. Son extensas áreas en donde al no existir la atenta mirada crítica de la prensa, es muy fácil y conveniente cometer cualquier tipo de tropelía y delitos contra poblaciones indefensas. México, Honduras, Brasil y Colombia están a la cabeza de los países con estas debilidades institucionales que facilitan y estimulan la proliferación de estas zonas de silencio informativo.
Hoy día en la zona suroriental del país, donde antes se consolidaron importantes iniciativas mediáticas, el silencio impuesto por el régimen hace muy fácil la actuación de los interesados en la opaca explotación del arco minero. El concepto “zonas silenciadas” se aplica para describir la violencia ejercida contra la integridad física y psicológica de periodistas y trabajadores de medios de comunicación por violentas estructuras criminales sin o con la aquiescencia del Estado. Sin embargo, no puede desconocerse que en la región o zona silenciada la subsisten otros medios de orden institucional también encaminados a censurar u obstaculizar la labor de la prensa.
La luz que se apaga
La violencia contra periodistas también puede generarse por medio del uso del derecho penal – principal poder coercitivo del Estado – para de esta manera sancionar, reprimir, inhibir aquellas expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público.
En particular, la amenaza o la imposición de una pena de encarcelamiento con fundamento en leyes de desacato y de difamación criminal pueden resultar en un efecto silenciador que afecta no solamente al periodista, sino que se extiende al medio y consecuencialmente a la sociedad en general.
Los últimos reportes de Freedom House, advierten que Venezuela forma parte del selecto club conformado por 20 países que exhiben como su mayor mérito el más férreo control sobre internet. Mérida, Trujillo, Cojedes y Yaracuy aparecen como las entidades más afectadas por un pésimo servicio que además de malo es controlado. Se suman los constantes apagones a escala nacional que dificultan el normal acceso a las comunicaciones on line.
En los últimos días de enero 2020, la periodista especializada en el tema, María Engracia Chirinos, declaraba a la prensa que queda en pie, que la censura había mutado a un patrón masivo en todo el país y explicaba que el modelo de control hegemónico y la crisis política así lo determinaban.
En Venezuela hay estados donde no existe ni un solo medio impreso y en otros cinco de ellos desapareció la versión no oficial de las noticias que acontecen diariamente. Solo se escucha una voz, la del régimen.
En el lapso comprendido entre 2103-2018 (período que corresponde al gobierno de Maduro) las diversas organizaciones no gubernamentales que se ocupan del tema medios y periodistas; como lo son Espacio Público, IPYS y el SNTP, entre otros han denunciado la desaparición de 115 medios de comunicación, incluyendo el legendario diario del partido Comunista, Tribuna Popular, que había totalizado 70 años de continua edición.
A finales de noviembre de 2019, la ONG Espacio Público se encargó de precisar los agravios de Nicolás Maduro en contra de la prensa libre y la libertad de expresión. Nada más en ese lapso se registraron y documentaron 66 violaciones expresas que vulneran un derecho consagrado expresamente en la constitución nacional, actos caracterizados fundamentalmente por intimidación directa, censura y sanciones administrativas contra medios y periodistas. Las zonas con mayor recurrencia de casos de violación a la libertad de expresión son Elorza, Guárico, Coro y Ciudad Guayana.
Las cifras contenidas en el informe que abarca todo el año pasado, son todavía más impresionantes. Se identifican 1.017 violaciones a la libertad de expresión y 10 detenciones arbitrarias e ilegales contra periodistas en ejercicio de su profesión. Eso por si solo traduce casi tres violaciones diarias y continuas durante un año. Cercana la navidad pasada, la Dirección de Contra Inteligencia Militar DGCIM allanó la sede donde funcionaban varios portales de noticias. Venemedios y Entorno Inteligente fueron brutalmente invadidos por la policía política del régimen y la periodista Ana Belén Tovar, Gerente Operativa del portal de noticias Entorno Inteligente, permanece detenida e incomunicada sin que sus familiares y abogados tengan acceso a ella.
Durante el lapso comprendido entre 2013-2018, pasaron a mejor vida – o tal vez a mejores manos- unas 65 emisoras de radio. Durante enero de 2017 CONATEL, un organismo técnico devenido en El Hermano Mayor Orwelliano que se encarga de controlar toda la actividad y contenido en las comunicaciones del espectro radioeléctrico en el país, dispuso y bloqueó el acceso a los canales de noticias CNN-CNN En Español, Caracol, RCN, NTN24, El Tiempo TV, 24 Horas TV, TV Chile, Antena 3 y Natgeo. Todos ellos, canales de noticias con una línea informativa no muy bien vista por el régimen.
A principios de 2019 se reportó una acción similar por parte del binomio Conatel/CANTV en contra de 19 páginas web, entre las cuales se incluyó la del diario El Nacional, La Patilla, El Pitazo, Caraota Digital, Dólar Today, Maduradas y el Estímulo, por nombrar solo los más visibles. Todos los afectados son portales de noticias con una política informativa crítica, mordaz, irreverente y muy autónoma ante la pretendida hegemonía comunicacional del régimen. También forma parte de ese saldo oscuro la página de Wikipedia, por la publicación de una nueva nota donde se reconocía a Juan Guiado como presidente encargado (de la República), dada su condición de presidente de la AN y la actuación política que lo promovía como Jefe del Estado para la transición.
Un extenso informe de la OEA, avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por la Relatoría para la Libertad de Expresión 2017, identifica algunas características comunes en los casos sometidos a rigurosa observación por este amplio comité de trabajo. En primer término, señalan la existencia de estructuras criminales que actúan al margen de la ley e imponen silencios referenciales a sus actividades. Los medios y periodistas de la zona no hablan de los eventos conectados directamente con la actividad criminal preponderante en la zona, como es el caso del narcotráfico en algunas zonas de México y la actividad de las pandillas en Guatemala y El Salvador.
De los asesinatos que se cometen contra periodistas, 95 % se producen en zonas rurales, zonas de tránsito o pasos fronterizos. Son precisamente las áreas donde el narcotráfico, la industria de trata de blancas, el contrabando de seres humanos y grupos irregulares han cooptado para beneficio de sus operaciones.
Nada más en México, Guatemala y Honduras, el margen de la impunidad en los crímenes contra periodistas, es superior a 90 %. En una circunstancia similar, el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión indica que el ELN de Colombia reconoció que asesinar periodistas fue una estrategia de guerra que llegó a cubrir, además de al periodista, su familia y el medio para el cual trabajaba. Nosotros en Venezuela no somos la excepción.
En segundo lugar, identifican un estrecho vínculo de cooperación, colusión y omisión entre las autoridades de la administración pública a favor de las estructuras criminales que pretenden imponer el clima de silencio en torno a sus actividades. La falta de respuesta por parte del estado a los reparos de medios y periodistas es otra de las condiciones que favorecen la generación de las denominadas zonas de silencio. Un estado cómplice contribuye de manera notable a su consolidación.
La falta de apoyo tanto del Estado, así como de la misma sociedad civil, es otra de las condiciones que prevalecen y estimulan la generación de las zonas de silencio. Un Estado sordo y ajeno ante la importancia que reviste la existencia de medios libres, críticos e independientes, para la necesaria gobernabilidad de una sociedad, es el peor enemigo con el cual contamos los periodistas. Una sociedad civil que ignora que precisamente que son los medios y los periodistas, los mayores favorecedores del espacio público donde se desarrolla con mayor vitalidad esa misma sociedad civil, es una sociedad favorecedora de ese silencio cómplice que terminara por liquidarla a ella misma sin mayores contemplaciones.
El diagnóstico concluye advirtiendo que la imposición de las normas del silencio inhibe el trabajo de los periodistas y agrega que el éxito criminal de esa norma impuesta, genera exponencialmente los incentivos para perpetuar la violencia en contra de los reporteros, los medios que representan, a la familia directa de los periodistas y al termino de esa ecuación, a la sociedad en general.
Sin temor a equivocarme creo que en Venezuela estamos replicando un esquema tan vil como el que describe el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en países como México, Honduras, Colombia y Brasil.
Para curarnos en salud, el mismo equipo de trabajo de la relatoría apunta unas recomendaciones que además de obvias, resultan muy saludables a la hora de entender este complejo problema. Nos dicen que es impostergable que el Estado asuma una política que garantice la seguridad de los profesionales de la prensa independientemente de la naturaleza del medio para el cual trabajen.
Tanto el Estado como las diversas expresiones de la sociedad civil, deben propiciar y estimular el desarrollo y la consolidación de una cultura de respeto hacia la libertad de expresión, así como su importancia en la consolidación de un modo democrático de gobierno.
Sin medios libres no es posible vivir en democracia.
Autor: Alfredo Álvarez
