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Una inusual declaración del embajador de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ha alertado al Foro de Periodistas Argentinos (Fopea), la principal organización del sector en ese país, para advertir sobre una posible política regresiva en materia de libertad de expresión por parte del gobierno de Alberto Fernández.

En una carta pública dirigida al canciller Felipe Solá, el 20 de noviembre, Fopea anuncia que denunciará al gobierno de Fernández ante el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que “promueve una agenda de restricción a la libertad periodística que tiene similitudes importantes a las de los gobiernos autoritarios del mundo”.

“Con un discurso similar a las dictaduras, el embajador argentino se vanagloria de la ´tolerancia´ de un gobierno a las críticas como si fuera una novedad en la historia argentina donde, desde la recuperación democrática, todos los gobiernos han tenido como requisito democrático precisamente el estar abiertos a las críticas”, señala el duro comunicado de Fopea.

La organización de periodistas respondió a una serie de Tweets del embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi, quien, tras reunirse en Washington con el nuevo relator de libertad de expresión de la CIDH, el colombiano Pedro Vaca, delineó públicamente la agenda de libertad de expresión del gobierno de Fernández. Esto fue el 18 de noviembre.

Raimundi, por ejemplo, señaló que existe “la tolerancia absoluta del maltrato, excesos y operaciones de prensa respecto de los más altos dirigentes políticos del gobierno argentino. Todo lo cual corrió el horizonte de la libertad de expresión hasta límites insospechados”.

Fernando Ruiz, presidente de Fopea, a quien consulté sobre si está ocurriendo una regresión en Argentina, me dijo que dentro del gobierno de Fernández existen sectores que presionan para que haya “mano más dura” contra los medios privados y al mismo tiempo estos sectores demandan “medios estatales más militantes”.

El tema de los medios evidencia, a juicio de analistas, la tensión que atraviesa al gobierno de Alberto Fernández, quien tiene como vicepresidenta a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo, durante el mandato de Cristina Fernández, tuvo una abierta confrontación con el sistema privado de medios de Argentina y colocó al Grupo Clarín como un objetivo de su también polémica Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, aprobada a fines de 2009.

A juicio de Ruiz, el presidente Fernández tiene una posición zigzagueante en relación con los medios privados de su país.

Entretanto, en su carta, Fopea manifestó su preocupación de que se considere “excesiva la libertad de expresión en nuestro país cuando para nosotros es insuficiente, dada la persistencia de limitaciones directas e indirectas al trabajo diario de los periodistas en muchos lugares del país”.

Raimundi, por su parte, volvió a plantear ante el relator de la CIDH una de las banderas del gobierno de Kirchner: “La concentración cuasi-monopólica de las grandes empresas de medios y su incidencia sobre la libertad de expresión, como derecho humano y social”.

Con respecto a la concentración de medios, Fopea le dijo al canciller Solá que el discurso del embajador resulta cónsono con posiciones oficiales dirigidas al cuestionamiento a los medios críticos, sin realmente importar una política de defensa de la competencia o del consumidor.

Tal argumento “es funcional para atacar a medios considerados opositores”, critica Fopea. La organización cierra su pronunciamiento advirtiendo lo que considera es una grave amenaza del gobierno argentino a la propia relatoría especial para la libertad de expresión de la CIDH.

“Cuánto incide la disminución del financiamiento estatal a expensas del financiamiento de organizaciones privadas en el accionar de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH”, se preguntó el embajador Raimundi, colocando en tela de juicio la autonomía de este órgano.

Según Fopea, a través de su embajador, el gobierno de Alberto Fernández expresa abiertamente que la agenda de la relatoría a cargo ahora de Pedro Vaca “está condicionada y que el trabajo de los relatores no respondería a una agenda genuina, sino inducida por sus financiadores”.

Para el Foro de Periodistas Argentinos la posición manifestada públicamente por el embajador es “la práctica de los autoritarismos”, en su “intento de deslegitimar a las instituciones que los controlan, en este caso la relatoría”.

Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) igualmente contrarió las declaraciones del embajador “pues constituyen un rechazo a los valores recogidos en la propia Carta Democrática de ese organismo multilateral”.

Ni el presidente Fernández ni el canciller Solá dieron respuesta al planteamiento y críticas de las organizaciones de periodistas y medios.

***Este artículo fue previamente publicado en Efecto Cocuyo


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