Mucho se ha discutido en los escenarios públicos y privados sobre el imperativo de cultivar permanentemente los valores promotores de ciudadanía para poder aspirar y propender en Venezuela a una sociedad de libre y constructiva convivencia en democracia.
Pero la clave ya descubierta para avanzar en el fortalecimiento de la formación de una ciudadanía consciente, proactiva, corresponsable y asertiva que haga evolucionar a nuestra sociedad democráticamente estable, está en que sus integrantes cuenten con las mismas oportunidades de estar completa y verazmente informados sobre los asuntos que le atañen.
Esta es una cuestión que en la actualidad se encuentra muy en entredicho y sobre el que se ha venido abundando de forma cada vez más profusa, mediante la descripción de un escenario mediático reducido, intervenido, limitado y obstaculizado de cumplir su misión de mantener informadas a las audiencias.
Sobre esta evaluación previa también han aportado precisiones excepcionales investigadores dedicados al estudio de los procesos de comunicación, al derecho a la información y a la libertad de expresión, con las que describen un ambiente de censura, de hostigamientos y de otras restricciones que buscan entorpecer la labor periodística de intermediación.
Uno de los más recientes esfuerzos diagnósticos de la situación del régimen de libertades informativas en Venezuela está contenido en el informe Freedom on The Net 2021 del Freedom House, a partir del cual la investigadora emérita de la Universidad de Los Andes, Raisa Uirrbarri, esbozó Una década de restricciones a la comunicación digital en Venezuela.
Lo bueno de esta fase diagnóstica-descriptiva es que, a partir de ella y en paralelo, han venido siendo igualmente abundantes los esfuerzos de visualización de las oportunidades de salir adelante con éxito en un entorno inobjetablemente adverso.
Otra buena noticia, dentro de este escenario, la expresa la profesora Ana Julia Niño (Universidad Central de Venezuela, UCV), al precisar que “si después de casi dos décadas de hegemonía comunicacional no hay pensamiento monolítico, significa que en las audiencias habita una rebeldía que los ha convertido en “infociudadanos” y “prosumidores” (productores y consumidores) noticiosos comprometidos”.
En todo caso, en todas las aproximaciones la propuesta y recomendación constante es poder avanzar en la gestión y concreción de garantías suficientes de información suficiente, completa, veraz y oportuna a la que los usuarios deban acceder y tener capacidad de exigir, sin consecuencias, para contextualizarse mejor y sustentar adecuadamente sus decisión individuales y colectivas.
Ya se ha venido haciendo énfasis, por ejemplo, en la necesidad de profundizar la alfabetización, tanto en el ámbito informacional como en el digital, como una iniciativa urgente y permanente a instrumentar desde las esferas del propio periodismo en ejercicio, en una suerte de mecanismo de empoderamiento de los usuarios y audiencias activas.
Periodistas e investigadores de la comunicación como Andrés Cañizález, insisten en la aplicación de las herramientas y principios fundamentales de la praxis periodística, a modo de retos o desafíos claves para enfrentar las necesidades de información y contextualización ciudadana de los tiempos vigentes.
Esto es, verificar y contrastar el discurso oficial, no limitarse a la cifra y humanizarlas, contrarrestar la desinformación procurando datos ciertos y validados, vinculación con las audiencias, sobrevivir e insistir en la labor informativa en medio de la crisis, entre otros retos no menos exigentes.
Sobre esto, organizaciones venezolanas como RedesAyuda han generado sus recomendaciones y ratificado la importancia de no desfallecer en la tarea de enfrentar con acciones concretas las limitaciones formales en nuestro ejercicio y opción por el derecho a la información y la expresión, como denunciar violaciones y agresiones a periodistas y usuarios, exigir condiciones de ejercicio de las libertades, mejoras de servicios básicos, promover y defender el libre acceso a Internet y a la información pública, reforzar alianzas con la sociedad civil para reafirmar de forma conjunta el compromiso de informar (e informarse) pese a las limitaciones y los obstáculos.
Lo cierto es que la tarea ya se ha venido ejecutando. Ejemplos venezolanos llevados adelante por diferentes medios de comunicación y comunicadores sociales comprometidos con sus usuarios, nos dejan experiencias como las de Soy Arepita, El BusTV o el programa Activismo Ciudadano por la Información, impulsado este último por Medianálisis, junto a otras iniciativas de contextualización informativa adelantadas por Cotejo.info y por el Observatorio Venezolano de Fake News, entre muchos otros, constituyen acertados ejercicios de aproximación a lo que alguna vez se denominó el “periodismo deseable”.
Algunos retos para una sociedad más informada
1.- Defender a los mediadores de la información. Seguir documentando, denunciando y difundiendo las violaciones y prácticas arbitrarias que enfrentan los trabajadores de la prensa y otros ciudadanos por el hecho de informar.
2.- Exigir garantías y condiciones, así como defender y exigir el cumplimiento de los derechos humanos y digitales, para los trabajadores de la prensa para que, en el ejercicio de sus labores, no sigan siendo víctimas de detenciones arbitrarias, hostigamientos y agresiones físicas y verbales.
3.- Rechazar y desconocer la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, por su inconstitucionalidad y por el uso arbitrario que se le ha dado a la misma para perseguir a la sociedad civil y entorpecer la libre difusión informativa.
4.- Exigir la creación de políticas públicas en pro de las mejoras de los servicios públicos básicos, para que no sigan representando una limitación real tanto para el desarrollo la vida ciudadana diaria como para el ejercicio de las labores informativas de los trabajadores de la prensa.
5.- Exigir garantías para el desarrollo y ejercicio de los derechos digitales en Venezuela, la creación de políticas públicas en pro de la necesaria actualización y ampliación de la infraestructura de servicio de los proveedores de Internet estatales y privados
6.- Promover políticas públicas inclusivas de acceso a Internet libre y abierto, favorable para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información de los medios digitales y no digitales, sin limitaciones, ni censura, y en el que los venezolanos puedan decidir a cuáles contenidos acceder para informarse con diversidad de fuentes y utilizar las plataformas digitales para ejercer su derecho a la libre expresión, sin ningún tipo de restricciones, censura ni bloqueos.
7.- Reforzar las alianzas entre la sociedad civil, los medios de comunicación y periodistas, con el objetivo de exigir la garantía de los derechos a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información y para promover la reconstrucción de la democracia en el país; y para promover el uso de herramientas para la evasión de la censura en línea, así como la ejecución de proyectos que tengan por finalidad la creación de medidas para promover la reconstrucción de la democracia en Internet y en la sociedad en general.
8.- Perseverar en la labor de informar, a pesar de la censura, utilizando con responsabilidad las redes sociales, continúen manteniendo a la ciudadanía informada y articulada, sin limitaciones ni prácticas arbitrarias que atenten contra su vida e integridad.
